¿La Ley de qué…?

 El tres de febrero de 2020 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha una ley autonómica, la ley del Tercer Sector, que tenía como referente la estatal de 2015 y en ese momento venía a sumarse a las muy pocas leyes que había, y aún hoy siguen siendo pocas, sobre el tercer sector social. Con la aprobación de este texto legal se define el marco normativo que ha permitido la organización y articulación de un sector disperso en sus actividades, pero unido en sus planteamientos y el compromiso de trabajar por las personas.

Fue una ley que nació de la colaboración entre la administración regional y el tercer sector de la región organizado en torno a la Mesa del Tercer Sector. Gracias al diálogo previo, fue una ley que se aprobó en las Cortes de Castilla-La Mancha por unanimidad, ratificando así políticamente, en la sede de la soberanía autonómica, el apoyo que ya tenía sectorialmente. Nacía una ley autonómica que incluía el trabajo y la cooperación del tercer sector social y la administración.

Pero su aprobación a un mes y medio antes del confinamiento por la pandemia de Covid-19 impidió que durante ese primer año esta ley se desarrollara como nos hubiera gustado porque aparecieron otras prioridades. Tanto para las entidades del tercer sector como para las propias administraciones. Había que atender lo urgente, y lo urgente siempre son las personas.

Cabe decir que esta ley, y para nosotros es lo más importante, nos permitió destacar, identificar y reconocer qué es el tercer sector. En su artículo número 2 lo define como: “entidades de carácter privado con personalidad jurídica propia, surgidas de la iniciativa ciudadana o social bajo diferentes modalidades, que responden a criterios de solidaridad y participación social, con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos civiles, así como de los derechos económicos, sociales o culturales de las personas y grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad, dependencia, discapacidad, desprotección o se encuentran en riesgo o en situación de exclusión social y/o pobreza”. Dice claramente qué es el tercer sector, quiénes lo conformamos, cuáles son nuestros objetivos, cuál es nuestra particularidad y establece cuál es el reconocimiento, la legitimidad y el papel que tiene que desempeñar nuestro sector en la sociedad.

Diálogo Civil, espacio de interlocución para la sociedad organizada.

Aprobada la ley, en 2020 la pregunta: ¿La Ley de qué…? Era muy recurrente, y más allá de la anécdota de que algunas personas preguntaran entonces de qué era esa ley, aún hoy hay muchas personas que no tienen claro qué es el tercer sector. Por ello entendemos que este aniversario puede servir para poner en valor y dar ese reconocimiento al papel que desempeña el tercer sector social en la región. Recordando que desempeñamos una actividad legítima por derecho y legitimada por lo que establece la ley en torno a tres pilares: reconocimiento, representación y cooperación.

Obtenemos, en esta ley, el reconocimiento de un sector que aglutina en Castilla-La Mancha a más de 3.000 asociaciones y que pone en valor no sólo a las entidades, sino el trabajo que hacemos, con quien lo hacemos y para quien lo hacemos en la defensa de los colectivos más vulnerables. Y en su articulado viene a reconocer los espacios de diálogo civil y a poner en valor el papel de nuestro sector como interlocutor en todos los ámbitos donde se legisla en nuestra comunidad autónoma.  El reconocimiento de ese diálogo civil y diálogo social comienza con una serie de tareas ya iniciadas y otras que aún hoy están pendientes, como es la promoción del tercer sector a través de una estrategia, la elaboración de un inventario de las entidades del tercer sector o la regulación del estatus de entidades colaboradoras del tercer sector con la administración.

Y como toda ley tiene que ser útil para la ciudadanía y debe repercutir en la mejora de la calidad de vida de las personas, las entidades entendemos que esta ley lo es porque también incluye los marcos necesarios para garantizar la estabilidad y sostenibilidad de las organizaciones y plataformas que trabajamos en pro de los derechos sociales y en apoyo a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.