Fin del veto
Cuando dos muchachos se pelean en el patio los profesores acuden para separarlos. Sabemos que el único modo en que pueden limar sus diferencias y encontrar la comprensión es a través de diálogo. Si un vecino vuelve del extranjero y ocupa mi huerto acudo a los tribunales. El juez pide explicaciones y datos, argumentos. Su dictamen debe ajustarse a los principios que nos hemos otorgado como válidos para una convivencia pacífica.
Desde 1946 funciona la Corte Internacional de Justicia (CIJ), órgano de la ONU que, ante posibles situaciones donde pueda ponerse en riesgo la armonía y la estabilidad de las relaciones internacionales, 15 jueces deberían resolver las controversias jurídicas entre los Estados a través de la conciliación pacífica. Esta CIJ es la que ha invocado Sudáfrica para denunciar a Israel por genocidio en los crímenes cometidos en Palestina. La CJI solo enjuicia estados.
No debe confundirse esta CIJ con la Corte Penal Internacional (ojo, Penal, CPI). Esta Corte se consolidó a partir del Tratado de Roma en 1998 y tiene la misión de enjuiciar a personas que hayan sido responsables de crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad. Por desgracia, hay un buen número de países que no reconocen la jurisdicción del CPI, por ejemplo: Estados Unidos, Rusia, China, India, Israel, Cuba, Turquía y Pakistán.
Por otra parte, existe el Consejo de Seguridad de la ONU que está integrado por 15 miembros. Cinco (EEUU, Rusia, China, Francia y el Reino Unido) lo son de modo permanente. Diez, de forma temporal, se renuevan cada dos años. Los permanentes tienen derecho de veto. Es decir, con que uno de ellos vote en contra, se anula toda iniciativa, aunque los otros 14 estuvieran a favor. Hubo promesa solemne en 1945 de que este derecho de veto se usaría muy moderadamente, pero tanto Rusia como Estados Unidos, y luego China, han hecho un uso inmoderado y sesgado del mismo.
El Consejo de Seguridad de la ONU puede referir determinados casos al Fiscal de la CPI. Por su parte el secretario general de la ONU puede invocar al Consejo de Seguridad para pedir su intervención en casos de graves amenazas para la paz y la seguridad en el mundo. En los últimos 20 años el veto ha frenado diversas acciones internacionales para poner fin al horror de la guerra (de Siria, de Ucrania, de Palestina).
Llevamos demasiado tiempo contemplando como la ONU pierde fuelle. El uso abusivo, y para muchos ilegítimo, del derecho a veto, ha dejado a esta esperanzadora institución paralizada, inútil. El veto de cinco sobre la opinión de todos los demás países ha socavado su credibilidad internacional y, por tanto, su genuino poder para promover la paz por medios pacíficos.
Necesitamos al director del colegio, necesitamos al juez imparcial. Para resolver los conflictos armados, para poner en palabras lo que nunca pueden resolver las armas. Y para ello necesitamos revitalizar a la ONU, insuflarle la legitimidad del apoyo popular para que ostente
la necesaria autoridad como árbitro internacional consensuado por todo el planeta. El mundo está conectado, informado como nunca y preparado para reclamar el final del derecho a veto y el principio de una justicia universal consensuada a través de una ONU funcional, de una CIJ útil y de una CPI vinculante.
Los intereses humanitarios han de prevalecer sobre los intereses egoístas de las naciones. Los problemas que han llegado a su fin siempre lo han hecho a través de la ley, la ley de la palabra. Estamos en un momento crucial de la historia, tenemos la responsabilidad de lograr un Mundo de Derecho en el que la legitimidad de la ley sea el único e indiscutible camino para promover la paz. Reclamemos, en las calles y en las redes, desde las ONGs y desde los gobiernos, el fin del derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU.
