El campo se moviliza
La semana que viene se presenta caliente en el campo español, cuyos representantes van a convocar unas movilizaciones en todo el país que podrían iniciarse el 6 de febrero. El sector recoge el testigo de las protestas que se desarrollan en varios países europeos y que tienen en Francia el escaparate más visible. Allí, independientemente de que las manifestaciones y los cortes de carreteras estén o no justificados, estamos viendo deleznables conductas que creíamos ya olvidadas. Varios camiones españoles han sido saqueados y sus cargas quemadas por energúmenos que olvidan que navegamos en el mismo barco. Algunos medios de comunicación, asociaciones de transportistas y organizaciones agrarias señalan que las pérdidas podrían cifrarse en 12 millones de euros al día porque miles de vehículos pesados españoles no pueden cruzar la nación vecina para entregar sus mercancías, que permanecen retenidas en las fronteras y en muchas de las rutas del país.
El efecto negativo es doble: se perjudica a los conductores y a las empresas de transporte y, lo que es más contradictorio, se provocan graves daños a los agricultores de España. Podría decirse que los franceses están machacando a sus propios colegas españoles en un alarde de incomprensible falta de corporativismo. Nadie debería tirar piedras a su propio tejado.
En los entornos agrícolas europeos y nacionales se escucha hablar de competencia desleal y de condiciones draconianas de la nueva Política Agraria Común. Es muy creíble la acusación de que en la Unión Europea se están importando productos que se elaboran mediante procesos y usos que no se permiten aquí, donde las obligaciones impuestas por la PAC encarecen los costes de producción y reducen la rentabilidad de muchos cultivos. Pero lo que parece tener menos crédito es la dudosa creencia de que esa competencia desleal se produzca entre países comunitarios sometidos al mismo marco normativo y a un control efectuado por las mismas administraciones supranacionales. En el caso de las acciones violentas en Francia contra los transportes españoles todo parece indicar que las razones no son otras que perjudicar a nuestros agricultores para sumar valor añadido a los cultivos franceses.
Todo sector de la economía tiene derecho a mejorar sus condiciones productivas y laborales. El caso de los agricultores no es diferente. Es necesario que se les apoye a la hora de exigir menores costes de producción, ayudas suficientes para cubrirlos o que se haga cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria y se contribuya desde las administraciones a paliar los efectos de la sequía. También se hace preceptivo garantizar unos precios justos en origen, un control de los márgenes comerciales de intermediarios y grandes superficies y unas medidas agroambientales asequibles. Amén de una mejor regulación de las condiciones de importación. Pero también debe exigirse al sector que no aproveche la movilización para influir en los mercados y en los bolsillos de los consumidores, como ya hemos visto en anteriores ocasiones. Las tractoradas y los paros deben tender a mejorar las condiciones de todos, no a engordar las cuentas de beneficios de unos pocos aprovechados... los de siempre.
