El informe sobre la deuda que el concejal de Hacienda, José Ángel Gómez Buendía, remitió hace un par de semanas al Grupo Municipal de Ciudadanos para tratar de obtener su respaldo en los presupuestos volvió a salir a la luz en el pleno ordinario celebrado esta semana en el Ayuntamiento.
El que fuera concejal de Hacienda en la pasada legislatura, el socialista Enrique Hernández Valero, insistió en solicitar el informe y en debatir su contenido, lo que a su entender “es importante”, ya que, según sus datos, “no se puede adjudicar toda la deuda al anterior alcalde”, sino que “casi el 90 por ciento se generó en la legislatura gobernada por el PP”, en referencia a la 2007/2011.
Ante estas palabras, Gómez Buendía negó haber dicho que toda la deuda proceda de la legislatura anterior, aunque “una parte sí”, y situó el origen de la deuda en el año 1999, en la segunda legislatura de José Manuel Martínez Cenzano, cuando según sus datos “se genera el gran problema del Ayuntamiento en materia de personal y de gastos corrientes que luego no se ha sabido frenar”.
En concreto, aseguró que de los 12-13 millones que cada año se gastaban en materia de personal se llegó a los 22 millones de euros, mientras que los gastos corrientes subieron de 3-4 millones anuales a en torno a 12.
Esto, unido a proyectos como el Bosque de Acero, que costó más de siete millones de euros, el préstamo de 5 millones que en la legislatura de Francisco Javier Pulido se solicitó para construir los edificios de los agentes sociales (que nunca se llegaron a terminar), una etapa durante la cual hubo además varios puestos de directores generales (uno de ellos recayó en el ahora concejal de Servicios a la Ciudadanía Pedro J. García Hidalgo, mientras que al hermano del entonces alcalde se le nombró asesor de Desarrollo) y se aprobaron unas retribuciones complementarias para la Policía Local, habría hecho que de los en torno a 12 millones de euros de deuda con que terminó la legislatura 2003/2007 se pasara a unos 50 millones al final de la de Pulido.
Ya en la legislatura de Juan Ávila (2011/2015), la deuda se incrementaría hasta los en torno a 79 millones, aunque en su momento el equipo municipal socialista alegó haberse encontrado cientos de facturas sin pagar que habrían hecho que la deuda real que dejó Pulido se acercara ya a esos 80 millones. Cantidad que algo se incrementó al verse obligado el Consistorio a acogerse al Plan de Ajuste del Ministerio de Hacienda para poder pagar a sus proveedores y tener que pagar unos intereses entonces muy elevados, superiores al 4 por ciento, de algunos préstamos.
Ejecución presupuestaria
Por otro lado, PSOE e IU volvieron a reprochar durante el pleno al equipo municipal la no ejecución de las inversiones previstas en los presupuestos, pues a fecha de agosto apenas se habrían ejecutado el 3 por ciento de los recogidos en los prorrogados de 2018. “No hacen ni el huevo”, les dijo la concejal de IU Ana Sánchez.
El concejal de Hacienda reconoció esta escasa ejecución del presupuesto, aunque culpó de ello a los grupos de la oposición, que “pleno tras pleno paralizáis la ejecución con vuestras exigencias de documentación. En eso sois expertos: tenéis un diez”. Confió, eso sí, en que el estado de ejecución de las inversiones “pueda ser más real en el tercer trimestre” del año.
Gómez Buendía se mostró no obstante optimista con respecto a las cuentas municipales, pues según sus datos en la actualidad se está pagando a los proveedores en una media de 21 días, 9 por debajo del máximo permitido por la ley, cuando al inicio de la legislatura se rondaban los 45 días.
Aseguró, además, que no va a ser necesario solicitar un nuevo Plan de Ajuste al Ministerio de Hacienda.
