Para todos es su primera vez. Juanfran, que asegura que sigue las noticias y está informado de lo que acontece en nuestro país, está contento porque va a poder ejercer su derecho a elegir a nuestros representantes políticos, de los que espera “que gobiernen bien”.
A su lado hablan Lorenzo y José Ramón, que también han votado por correo para las elecciones generales de este domingo 28 de abril. Sin embargo, Vicente tiene muy claro que no va a pasar por las urnas porque no le convence ninguno de los candidatos.
Esta conversación bien la podrían mantener algunos de los 4.927 jóvenes de la provincia de Cuenca que en los comicios de este domingo votarán por primera vez tras haber cumplido los 18 años. Pero no. Y es que no son los únicos que se estrenan.
Unos 770 ciudadanos conquenses con discapacidad intelectual o con una enfermedad mental que fueron incapacitados judicialmente y que en las elecciones generales de 2015 se vieron privados del derecho al sufragio recuperan su potestad de poder elegir a nuestros representantes. En Castilla-La Mancha fueron 5.052 y en el país, 96.418.
La Oficina del Censo Electoral no ofrece datos específicos sobre este colectivo pero desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) trabajan con un documento que recoge las citadas cifras y que fue elaborado después de que el Consejo de Transparencia obligase a la Oficina a contestar a una petición ciudadana de información sobre esta cuestión.
Juanfran, Lorenzo, José Ramón, Vicente y unos cuantos compañeros más son algunos de los usuarios de la residencia Infantas de España, gestionada por la asociación Aframas. En el marco del Servicio de Ocio y del taller de autogestiones, en las últimas semanas se les ha hablado de las elecciones y de las diferentes opciones políticas.
“Algunos están muy interesados y tienen las ideas muy claras de a quién van a votar”, explica Luis Auñón, presidente de Aframas. “No entendíamos por qué no podían. Las personas con discapacidad son personas con plenos derechos”, recalca.
A los usuarios que manifestaron al centro su intención de ejercer su derecho al sufragio se les ha ayudado y lo han hecho por correo. “Se les ha informado y han votado con plena libertad”, subraya.
Juanfran y sus compañeros están muy contentos. “Nosotros también tenemos derecho”, reclaman al unísono mientras otro de ellos dice que tiene “clarísimo” a quién va a votar.
Avanzar en democracia
En el taller también se ha hablado de conceptos como “democracia”, que ha avanzado un poco más con esta ampliación del número de electores. Esto ha sido posible tras la aprobación, en octubre, por unanimidad en el Congreso de la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), que devuelve este derecho a las personas incapacitadas por un juez.
El logro es fruto de una larga lucha por parte de las asociaciones de personas con discapacidad. Hace cuatro años, desde Plena Inclusión se lanzó la campaña ‘Mi voto cuenta’ para recuperar el voto de este colectivo.
“Fuimos a una manifestación para poder volver a votar. Había un montón de gente como nosotros”, recuerda uno de los usuarios del centro Infantas de España. “Fue en noviembre de 2016”, corrobora Cristina, la responsable del taller.
Lo primero que hicieron desde este curso es ir a la Subdelegación del Gobierno a comprobar que estaban inscritos en el censo electoral. “Y estábamos todos”, detalla otro de ellos. Después se les ha ido explicando todos los pasos que deben seguir para votar. Fernando, otro usuario, asegura que tiene bien claro el proceso.
Él y sus compañeros saben de la gran responsabilidad que supone pasar por las urnas: “Elegimos al presidente del Gobierno”, señalan los usuarios, que subrayan su interés por la política. Lo que ya no tienen tan claro es si esto es recíproco ya que reconocen que los políticos van poco por el centro. “No sabemos si les interesamos”, dicen. De todas formas, ellos sí tienen claras sus peticiones a nuestros representantes: que den trabajo y que cumplan las promesas electorales.
Una vez conseguido que las personas con discapacidad intelectual que habían sido incapacitadas por un juez puedan volver a votar, otra de las demandas de las asociaciones que trabajan con este colectivo es facilitar la accesibilidad cognitiva, es decir, que los mensajes de los grupos políticos puedan ser comprensibles para todo el mundo. De los grandes partidos, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos han adaptado sus programas a fácil lectura.
Desde Plena Inclusión han asesorado a los grupos políticos que se lo han solicitado para adaptar los programas para que puedan ser comprendidos no solo por este colectivo sino también por personas mayores o por la población inmigrante con derecho a voto.
Desde el taller de la residencia Infantas de España en el que se ha explicado a los usuarios los pasos que deben seguir para votar, Cristina detalla que también se ha trabajado con los programas electorales adaptados a fácil lectura para que pudieran conocer las propuestas de los diferentes partidos.
En relación con posibles dudas que puedan surgir acerca de si las personas con discapacidad intelectual pueden ser manipuladas a la hora de emitir su voto, desde las asociaciones argumentan que a ningún votante se les hace un examen para ver su capacidad. “No hay injerencia de ningún tipo. Nuestros usuarios han votado libre y secretamente”, asegura Luis Auñón, presidente de Aframas. “¿En qué se puede basar alguien para decir que no lo está haciendo libremente”, se pregunta en relación con la decisión de la Junta Electoral de que se pudiera pedir el DNI a este colectivo en la mesa electoral si algún miembro consideraba que el voto no era ejercido de forma consciente y voluntaria, aunque luego matizó esta propuesta eliminando “personas con discapacidad” de este supuesto, abriendo la puerta a que se pueda hacer constar en acta esta duda en el caso de cualquier votante.
Julia Ruiz López, coordinadora general de Aspadec, colectivo que trabaja en Cuenca con las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, celebra este logro: “Votar es un derecho que tenemos todas las personas”. “Desde el mundo de la discapacidad se ha luchado mucho para recuperar el voto”, añade.
La responsable critica la propuesta de que se pudiera pedir el DNI. “Nadie puede decidir si va a votar libremente o no”, apunta. “Se piensan que pueden manipularlos. También votan personas mayores que nadie sabe si son coaccionadas”, señala.
Muchos de los 120 usuarios que atiende esta entidad han votado. “Hay muchas personas de nuestros recursos que nos lo han demandado. Tienen claro que quieren votar”, recalca. “Están muy contentos”, concluye.
