Cerca de medio centenar de trabajadoras y trabajadores del centro penitenciario de Cuenca, se han concentrado este viernes frente a la Subdelegación de Gobierno para exigir negociación, personal y la recuperación de sus derechos laborales y salariales.
En la cárcel de la capital están prestando sus servicios unos 100 funcionarios, de los que un 60% de la plantilla tiene más de 51 años, por lo que han reiterado la urgente necesidad de cubrir esas 21 plazas que, según estimaciones de CCOO, sería el déficit en materia de contrataciones.
Los sindicatos que han convocado este proceso de movilizaciones en todas las prisiones de España para defender unas condiciones dignas para el conjunto de las trabajadoras y trabajadores de estos servicios públicos estatales.
“La absoluta incomparecencia de la Administración Penitenciaria y su nula capacidad para solventar los problemas endémicos de nuestra Institución, hace imprescindible este proceso de movilizaciones con el objetivo de defender el servicio público de prisiones”, ha afirmado el delegado de la Sección Sindical de CCOO en la Administración General del Estado en Cuenca, Feliciano Gaspar Caja.
“Exigimos una Oferta Pública de Empleo (OEP) extraordinaria en el centro penitenciario de Cuenca que venga a solventar el déficit estructural de plantilla en al menos 21 personas, agravada por la elevada tasa de edad que provoca jubilaciones y pases a segunda actividad con una merma permanente de trabajadores y trabajadoras en el servicio de interior, que redunda en una peor atención a los internos en aras a conseguir la reeducación y reinserción social como objetivo prioritario de la institución y en un empeoramiento de las condiciones de trabajo de las funcionarias y funcionarios”.
Entre la tabla reivindicativa de CCOO para el sector de Instituciones Penitenciarias se incluyen medidas como la paralización inmediata de los procesos de privatización en Instituciones Penitenciarias; carrera profesional y concursos de traslados anuales, en condiciones de igualdad y mérito; prevención de riesgos laborales y soluciones reales frente a las agresiones; recuperación de derechos y del poder adquisitivo, la defensa de la dignidad y profesionalidad de todo el colectivo penitenciario por parte del Ministerio del Interior y por último el cese del Secretario General de IIPP, por su incapacidad para solventar los problemas endémicos de nuestra Institución.
