Más de 220 son los expedientes que, desde su puesta en marcha en el año 2015 por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, lleva tramitados la Oficina de Intermediación Hipotecaria ubicada en la Dirección Provincial de Fomento, que ofrece asesoramiento y apoyo a quienes se encuentran en riesgo de desahucio por impagos de la hipoteca o del alquiler.
El hecho de que el número de expedientes disminuyera en casi un 50 por ciento de 2016 a 2017, pasándose de 102 a 41 casos, invitaba al optimismo, pero en 2018 la cifra volvió a subir, alcanzándose los 48 expedientes.
“Hay gente a la que se le acaban las moratorias que les dieron los juzgados, y mientras que, cuando arrancó la crisis económica, los bancos iniciaban las ejecuciones a los tres meses de impagos, el mundo de las hipotecas ha cambiado muchísimo y ahora algunos esperan hasta cinco años para poder ejecutar o porque quieren llegar a acuerdos”, apunta Mercedes Navarro, del departamento jurídico de la oficina.
Durante estos primeros años en marcha, este servicio ha asisitido a un total de cuatro desahucios que no se han podido evitar: dos en Cuenca capital, otro en Villanueva de la Jara y otro en Tarancón.
Perciben además que han aumentado los casos de personas que no pueden hacer frente al alquiler y a los que los propietarios de la vivienda quieren desalojar: el precio medio de una vivienda en alquiler, entorno a 400 euros mensuales, se ha convertido en inaccesible para quienes carecen de un empleo pero, incluso también, para quienes tienen un trabajo a jornada parcial o un sueldo que no sobrepasa los 800 euros.
“Cuando pusimos en marcha el servicio atendíamos, sobre todo, a gente que no tenía trabajo, pero ya hay también muchos casos de afectados con un empleo pero sin ingresos suficientes para poder hacer frente al alquiler o la hipoteca”, advierte el responsable provincial de Fomento, José Ignacio Benito. Y a ello a pesar de que el precio medio de las hipotecas, en general, ha bajado, pasando de rondar los 700 euros al mes antes de la crisis a alcanzar los 350.
“A veces ocurre que uno encuentra trabajo pero después de varios meses de impagos, con lo cual no llega a recuperar las muchísimas cuotas que debe”, señala Esther Barrios, trabajadora social de la oficina.
Una de las soluciones menos traumáticas para las familias que no pueden hacer frente a sus gastos es que el banco adquiera la vivienda a través de un fondo de inversión pero sus inquilinos puedan mantenerse en ella, evitándose así el desahucio, a través de un alquiler social que suele rondar los 120 euros mensuales.
“Aunque hay bancos más insensibles con respecto a la delicada situación de la familias, también los hay más dispuestos a sentarse y dialogar, que incluso están dispuestos a paralizar la hipoteca unos años o a ofrecer un alquier social”.
En marcha en toda C-LM
Estas oficinas de intermediación hipotecaria, en marcha en las cinco provincias de la región y en Talavera de la Reina, cuentan con la colaboración de los colegios de abogados y trabajo social, que ofrecen así un asesoramiento profesional, por parte tanto de abogados como de trabajadores sociales, además del personal técnico de las consejerías de Fomento y Bienestar Social.
Su finalidad es, sobre todo, preventiva, consistente en intentar buscar un acuerdo entre las personas con problemas económicos y los propietarios del inmueble donde residen o los bancos. También informan a los usuarios de las ayudas de emergencia social o de arrendamientos que pueden solicitar o los derivan a otras áreas como Bienestar Social.
Desde octubre de 2018, el juzgado le informa además de los desahucios previstos, de modo que pueden contactar con los afectados para prestarles asesoramiento y ayuda.
