Cada día hay un nuevo ámbito en el que la Inteligencia Artificial está ya presente, como puede ser el campo, la medicina e incluso la Administración pública. En este sentido, las nuevas tecnologías se han ido incorporando de forma paulatina durante el paso de los años.
Ahora, desde la facultad de Ciencias Sociales en el Campus de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha, el profesor e investigador Javier Miranzo ha elaborado un trabajo centrado en la Inteligencia Artificial y el derecho administrativo, que ha sido galardonado recientemente en la segunda edición de los premios internacionales del Instituto Clavero Arévalo de la Universidad de Sevilla.
Con la llegada de la Inteligencia Artificial a la Administración, cada vez más se están utilizando diferentes aplicaciones y sistemas basados en esta inteligencia para la toma de decisiones. Una cuestión que según sostiene Miranzo “genera ciertas incertidumbres”.
Hasta ahora, era una persona quien, en base a unos informes concretos, tomaba una decisión, pero cada vez más se está viendo cómo es la aplicación informática quien puede llegar a tomarla gracias a todos los datos que almacena. Por tanto, la investigación de Miranzo sostiene que hay que controlar cómo operan estas herramientas así como qué se les exigen y qué no.
Por ello, con este trabajo el investigador trata de analizar qué sucede y qué garantías se pueden exigir a estas herramientas que se basan en Inteligencia Artificial. “Uno de los riesgos es que haya cierta opacidad en la toma de decisiones y que no se sepa el por qué se toma una medida u otra”, relata.
Y es que, en la Administración es fundamental que se sepa cómo se ha tomado una medida para dar trasparencia al proceso y poder recurrirse si se considera oportuno. De este modo, el profesor de la UCLM analiza cómo se podría organizar el sistema administrativo para que las herramientas que se usen estén sometidas a controles de aprobación previa, se exija dicha motivación y que haya más facilidad para identificar el porqué de esa decisión.
LA introducción de estas herramientas en la administración pública ayudará a tomar decisiones muy complejas teniendo en cuenta datos que hasta ahora eran inabarcables
Por otro lado, dentro del uso de la Inteligencia Artificial también está el hecho de cómo se accede a dicha tecnología por parte de la Administración, así como la cooperación entre administraciones públicas en temas como la cesión de datos o con el sector privado en asuntos como puede ser la compra de las herramientas.
Con esto, aunque la regulación de cuestiones relacionadas con la Inteligencia Artificial está en desarrollo, Miranzo hace varias proposiciones para que las decisiones que se lleguen a tomar con estas herramientas tengan más garantías y se cumplan con cuestiones de trasparencia.
A medio plazo, a juicio del investigador, probablemente se requerirá una modificación legal para adaptar el derecho administrativo tradicional y los controles de la Administración a estas nuevas aplicaciones y que se mantengan las garantías de los procesos como hasta ahora.
Una tecnología y una digitalización que, subraya Miranzo, es uno de los grandes temas de investigación de cara a futuro porque “va a ser una de las prioridades del cambio de la Administración, que ayudarán a tomar decisiones muy complejas teniendo en cuenta gran cantidad de datos que hasta ahora eran inabarcables”.
El derecho administrativo es aquel que se encarga de estudiar cómo funciona y cómo toma decisiones la Administración pública, así como dar garantías a esta actividad a través de la transparencia gracias a unas formas de actuación ya determinadas.
