El Grupo Popular de la Diputación de Cuenca ha presentado este martes ante la Fiscalía una demanda contra la institución provincial por presuntas irregularidades en la compra del edificio de la calle Diego Jiménez que está previsto que albergue el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación de la institución provincial. En concreto, los ‘populares’ hablan de “prevaricación” y “malversación” en el procedimiento de adquisición.
El presidente del Grupo Popular en la Diputación de Cuenca, Cayetano Solana, hacía entrega esta mañana del escrito en los Juzgados de Cuenca, acompañado por varios miembros del partido. El también alcalde de Villaescusa de Haro recordaba ante los medios que el servicio de recaudación de la Diputación se está prestando en el edificio del antiguo ICONA, en la calle Las Torres, el cual tenía la intención de comprar al Ayuntamiento de la capital conquense por dos millones de euros. El proceso se paralizó por la judicialización del caso por parte de Ciudadanos, por lo que la institución provincial tramitó con carácter de urgencia la adquisición de un nuevo local por un importe de 520.000 euros.
Desde el PP creen que ese procedimiento de compra del edificio de Diego Jiménez esquina con la calle San Marcos es “irregular” y que hay “indicios sólidos” de que se han producido presuntamente prevaricación y malversación. “Será la Fiscalía la que lo deba evaluar. Esperamos que la admita a trámite”, ha indicado Solana.
Para los 'populares', “la licitación estaba dirigida a ese local en concreto y hay indicios que demuestran que la Diputación había manejado información de ese edificio para poder adquirirlo”. Solana ha apuntado que la institución provincial había planificado la rehabilitación de ese edificio un mes antes de la publicación del pliego de condiciones para la compra del mismo. “Traemos los planos de esa reforma”, ha señalado.
En cuanto a la presunta malversación, desde el PP cuestionan "el coste y el perjuicio económico" para la Diputación y hablan de que se han utilizado “medios propios” de la institución provincial “para un fin que no es específico de ella”.
Con todo, el popular ha querido dejar claro que su grupo “no es partidario de judicializar la política siempre y cuando los cauces se ajusten a la legalidad”. “En este caso no es así. Tenemos el deber social, moral de presentar esta denuncia y consideramos que lo hacemos en beneficio de la propia Diputación y de su credibilidad y en beneficio de todos sus trabajadores y de toda la sociedad conquense”, ha asegurado.
