El informe sobre el origen de la deuda que el concejal de Hacienda, José Ángel Gómez Buendía, hizo llegar la pasada semana al Grupo Municipal de Ciudadanos para intentar conseguir el respaldo de la formación naranja a los presupuestos municipales de 2018 volvió a tener su protagonismo en el pleno extraordinario celebrado esta semana, en el que los presupuestos sí salieron adelante gracias al cambio de posición de Cs.
La portavoz del PSOE, María Jesús Gómez del Moral Martínez, que ya demandó el informe en la anterior sesión, dio en esta “un plazo de cinco días” a Gómez Buendía para que les hiciera llegar el estudio porque, de lo contrario, aseguró que acudiría a los tribunales.
“Ustedes trabajan para todos y si entregan un documento a sus socios yo también lo quiero. Si no, con todo el cariño, presentaremos una demanda y una queja al Consejo de Transparencia”, apuntó.
“dejen de ser parásitos”
El concejal de Hacienda no se mostró sin embargo dispuesto a dar al resto de grupos el informe argumentando que este no había sido elaborado por los técnicos, sino por él, dando a entender que era para un uso personal y no un documento oficial. “Dejen de ser parásitos y de aprovecharse del trabajo de este concejal”, les dijo a socialistas e IU.
En el PSOE le insistieron en que el acceso a los documentos que le han permitido elaborar el informe lo ha tenido por ser concejal de Hacienda, pero Gómez Buendía aseguró que cualquier ciudadano puede ver las liquidaciones de cada presupuesto en internet y luego interpretarlas, de modo que solo se mostró dispuesto a darle los datos puros y duros, no así su análisis.
ALGUNAS CONCLUSIONES
Lo único que sobre el informe reveló Gómez Buendía en el pleno es que la deuda del Ayuntamiento, que al arrancar la presente legislatura alcanzaba los 78 millones de euros entre deuda comercial y financiera y en la actualidad se sitúa en los 64 millones, empezó a crecer a partir de los años 1998 y 1999, entre los que de Manuel Ferreros (PP) se pasó a la segunda legislatura de José Manuel Martínez Cenzano (PSOE), pues el Consistorio llegaría a estar “seis años sin presupuesto”, o con el presupuesto prorrogado. “El origen viene de ahí. Luego no se pudo paralizar”, apuntó, añadiendo que en aquellos años se estimaba que la ciudad pudiera crecer en población hasta los 200.000 habitantes, cuando se ha mantenido en torno a los 55.000.
Entre otras deudas de importancia, Gómez Buendía aludió a los 7,7 millones de euros que el Ayuntamiento tuvo que pagar a la anterior concesionaria del transporte urbano, Alsina, aunque aquella deuda fue fruto de que en la legislatura 2017/2011, de Francisco Javier Pulido, no se afrontaran una serie de pagos acordados en la anterior, con lo cual la deuda se fue acumulando hasta alcanzar la citada cifra de siete millones que Alsina reclamó, y ganó, en los tribunales..
“Me ruboriza oírle hablar de Alsina después de que estuvieron una legislatura sin pagarle. Entonces la gente va a los tribunales. Mentir a sabiendas está muy feo”, le contestó la portavoz socialista.
BOSQUE DE ACERO
El concejal de Hacienda tampoco se olvidó de los más de 7 millones que costó el Bosque de Acero, “un convenio de dos folios que no se pasó por el pleno, que si el edificio valiera y fuera servible… Pero no vale para nada. Lo hemos tenido que vallar para evitar más deterioros porque en diez años solo ha valido para que cuatro gamberros rompan los cristales”. Palabras estas últimas ante las que la portavoz del PSOE le recordó que el edificio se inauguró durante la legislatura del popular Francisco Javier Pulido. “No saque mucho pecho”, añadió.
Claro que la deuda con Alsina y el coste del Bosque de Acero suman en torno a 14 millones de euros cuando el Consistorio llegó a deber 80 millones de euros a finales de la legislatura de Pulido.
María Jesús Amores, portavoz de Ciudadanos, aseguró que estudiará el informe “detenidamente” pero consideró que si el origen de la deuda no se ha investigado (esta formación e IU llevan toda la legislatura demandando, sin éxito, que se audite) es debido a que “PSOE y PP solo se ponen de acuerdo para eludir posibles responsabilidades respecto a cuestiones pasadas que a todos los ciudadanos les interesa saber”.
