El pleno aprueba reclamar a la Junta en los tribunales el ciento por ciento de la financiación de los servicios sociales

El Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado este miércoles, con los votos a favor de los ediles de PP y Ciudadanos, la oposición del PSOE y la abstención de IU, acudir a los tribunales para reclamar al Gobierno regional que financie el ciento por ciento de los servicios sociales.

El portavoz municipal y concejal de Hacienda, José Ángel Gómez Buendía, ha defendido que, según el informe del secretario municipal, es la Junta de Comunidades la que debe financiar un coste que, sin embargo, según sus datos en el caso de 2016 fue sufragado por un 68,89 por ciento por parte del Consistorio, mientras que el Gobierno regional aportó el 31,11 restante. Y asegura que el Ministerio de Hacienda, que controla las cuentas municipales, les ha instado también a recurrir, ante lo que entiende que es responsabilidad del equipo municipal “defender con uñas y dientes los intereses del Ayuntamiento”.

La portavoz socialista, María Jesús Gómez del Moral Martínez, ha asegurado que su grupo defiende “los intereses generales” del Consistorio, pero que es conveniente

“intentar evitar confrontación con otras administraciones acudiendo a tribunales y dando un espectáculo poco adecuado”, lo que considera una “barbaridad política y jurídica”. A su entender, el acuerdo debía haberse alcanzado en las negociaciones mantenidas para firmar el convenio, que “no se firmó a la fuerza” y no entiende que se recurra después de haberle dado el visto bueno.

Ante esto, Gómez Buendía ha respondido asegurando que si se firmó el convenio fue porque, de no haberlo hecho, “hubiéramos dejado de prestar los servicios”, algo que en su opinión “es lo que le hubiera gustado al PSOE para echarnos encima todo lo que hubiera podido”. Pero ha criticado que “no nos hayan dado alternativas” y hayan tenido que “firmar lo que nos han ofrecido”.

Legislación al respecto

El equipo municipal alude para demandar a la Junta la financiación del ciento por ciento del coste de los servicios sociales a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, elaborado por el Gobierno central, que establece que la delegación de competencias deberá ir acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria, con una cobertura del 100 ciento del coste del servicio y su cobro deberá estar garantizado.

Eso sí, dicha ley sostiene que deja de ser competencia propia de los ayuntamientos la “prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social” pero en cambio incluye como competencia propia de las corporaciones municipales la “evaluación e información, de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.”

Además, en respuesta a la citada normativa, el Gobierno regional aprobó en 2015 la Ley 8/2015, de 2 de diciembre, de medidas para la garantía y continuidad en Castilla-La Mancha de los servicios públicos, según la cual las competencias de los servicios sociales “continuarán siendo prestadas por los municipios en tanto no sean asumidas por la Comunidad Autónoma, y según establezcan las normas reguladoras del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y de las haciendas locales”.

En el Grupo Municipal Socialista han asegurado que realizarán un “seguimiento exhaustivo” del recurso ante los tribunales que presentará el Ayuntamiento con el fin de que “si pierden la demanda lo paguen de su propio bolsillo”.