La Audiencia Provincial de Cuenca juzga este miércoles a ocho personas, entre ellas dos ex administrativas de la Cámara Agraria Provincial, M.P.N.L. y R.B.M., acusadas de malversación y falsificación de documentos mercantiles.
Según el escrito de acusación, se les imputa la apropiación indebida de más de 326.000 euros entre 2008 y 2009, aprovechando sus cargos para desviar fondos públicos mediante transferencias bancarias y cheques.
Según la Fiscalía, M.P.N.L., nombrada en 2008 como secretaria de la Cámara Agraria Provincial de Cuenca, y su colaboradora, R.B.M., empleaban sus funciones para generar documentos de pago aparentemente dirigidos a entidades oficiales, aunque las transferencias se realizaban a cuentas propias o de familiares.
Asimismo, las acusadas elaboraban cheques que pasaban a la firma de la directiva sin detalles claros sobre su destino o, en ciertos casos, falsificaban la firma, cobrando los fondos ellas mismas o a través de terceros.
Entre los cheques más significativos están los emitidos en 2008 y 2009, que incluyen valores de 5.000 a 20.000 euros. Una vez que la acusada M.P.N.L. dejó su cargo por jubilación, una auditoría realizada por el nuevo secretario de la Cámara reveló la falta de 326.587.43 euros en las cuentas de la entidad.
Parte de los fondos presuntamente desviados fueron transferidos a cuentas de familiares de las acusadas, incluyendo a sus hijos, esposos, hermanos y otros parientes, quienes también figuran en la acusación en calidad de responsables a título lucrativo.
La Fiscalía ha especificado que estos familiares deberán responder solidariamente en las indemnizaciones, con cantidades que oscilan entre los 4.000 y los 66.400 euros.
Los hechos descritos constituyen, según la Fiscalía, delitos de malversación y falsificación en concurso ideal. Se solicita una pena de seis años de prisión y quince años de inhabilitación absoluta para M.P.N.L. y R.B.M., además de una indemnización solidaria a la Cámara Agraria Provincial por el importe desviado, con los intereses legales correspondientes.
La Fiscalía también ha pedido la apertura de una pieza separada para garantizar el pago de las responsabilidades pecuniarias.
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