Vergüenza, indignación, desamparo y despropósito son algunas de las palabras que se han podido oír este viernes por la mañana a las puertas del centro penitenciario de Cuenca durante la concentración de 15 minutos que han protagonizado en torno a un centenar de trabajadores de la plantilla para protestar por la última agresión a un compañero en el centro conquense, que en estos momentos se recupera en su domicilio, y demandar al Ministerio del Interior soluciones urgentes a la situación del colectivo.
Protesta que, por cierto, también se ha desarrollado en los otros cinco centros penitenciarios de Castilla-La Mancha, y en la que se han dado cita los máximos responsables de los sindicatos convocantes, como ha sido el caso del presidente nacional de ACAIP-UGT, José Ramón López; el responsable nacional de Instituciones Penitenciarias de CSI·F, Jorge Vilas; y la secretaria general de Comisiones Obreras en Instituciones Penitenciarias, Silvia Fernández, quienes han reclamado públicamente al ministro Grande-Marlaska el cese del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.
López ha asegurado en Cuenca que “desde ACAIP-UGT nos sentimos avergonzados de una administración que no cuida a sus trabajadores, es negligente y ha permitido que un interno peligroso haya ingresado en un centro penitenciario, como el de Cuenca, en el que nunca debería haber estado”. Y es que ha criticado que se haya hecho caso omiso a los informes de la propia prisión que advertían de las constantes tentativas de este interno para agredir a los trabajadores y “hasta que no ha ocurrido esta desgracia no han sido capaces de trasladarlo”, en este caso, este jueves al centro penitenciario de Estremera; algo que, a su juicio, se debería haber hecho antes, cuando se trata de un centro a 45 minutos de Cuenca.
Asimismo, el presidente nacional de ACAIP-Cuenca ha mostrado la indignación del colectivo con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, que, según ha dicho, “actúa la mayor parte de las veces de postureo, sin solucionar los problemas; de ahí que sigamos sin ser agentes de autoridad, sin tener la Ley de Cuerpos ni cubrir las más de 4.000 vacantes existentes en todo el país, que en Cuenca se traduce en más de 15 por ciento de la plantilla, una veintena de las 140 plazas totales”.
En términos similares, se ha manifestado el responsable nacional de Instituciones Penitenciarias de CSI·F, quien ha demandado dignidad para los trabajadores de prisiones, al tiempo que ha denunciado la “situación de desamparo” en la que dice encontrarse este colectivo. Es por ello, que este sindicato exija al ministro del Interior que desbloquee la situación, impulsando la Ley de la Función Pública Penitenciaria y otorgar al personal de prisiones la condición de autoridad. Y es que, a su juicio, no tiene sentido que “un conductor de autobús o un maestro lo sean y un trabajador de prisiones no”.
La secretaria general de Comisiones Obreras en Instituciones Penitenciarias, por su parte, además de suscribir todas esas demandas, ha alertado del problema de las agresiones a los trabajadores penitenciarios, que, de hecho, son el colectivo de la Administración General del Estado que más recibe, en torno al 90 por ciento del total. Fernández, como consecuencia, exige una apuesta clara por la implementación de políticas de prevención, más ahora, que “Prisiones va a contar en 2022 con el mayor presupuesto de su historia y, sin embargo, contamos con el 30 por ciento menos de internos; a lo que hay que unirse una mejora de las condiciones laborales y retributivas de estos trabajadores”.
Paralelamente, Fernández cree indispensable un plan de rejuvenecimiento de la plantilla de prisiones, que, en la actualidad, se encuentra bastante envejecida; todo ello unido a la dotación de los centros penitenciarios de las estructuras arquitectónicas necesarias para dar garantías para trabajar con seguridad.
