El 20 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Infancia, a la que hay que proteger en todo momento. Aunque hay niños y adolescentes que prácticamente solo han conocido una crisis continua en sus hogares. Y la pandemia ha complicado todavía más la situación. Pero, ¿hasta qué punto? Para responder a esta pregunta, un grupo de alumnas de la Facultad de Trabajo Social de Cuenca está elaborando una “modesta” aproximación diagnóstica al impacto que está teniendo la Covid-19 en los derechos de la infancia vulnerable en la ciudad de Cuenca.
El proyecto parte de una “reinvención” de las prácticas externas que debería realizar este año el alumnado de tercer curso. Ante las dificultades que se presentan para enviar a los estudiantes a las entidades debido a la pandemia, se han creado ocho laboratorios tutorizados por un docente en los que se están trabajando diferentes problemáticas sociales. En uno de ellos, coordinado por Manuel J. Maldonado Lozano, profesor de la Facultad de Trabajo Social de Cuenca, se decidió hacer un diagnóstico de la situación en Cuenca capital de la infancia más vulnerable.
TOMAR EL PULSO
El grupo lo integran las estudiantes Sandra Pérez, María Prieto, María Romeo, Isabel Martín y Camila Acero, quienes están llevando a cabo entrevistas (tienen previsto realizar una treintena) a personas de diferentes ámbitos: social (entidades del tercer sector, servicios sociales...), educativo (profesorado), sanitario y familias empobrecidas. Aunque reconocen que es una “limitación” el no haber podido hablar con niños y jóvenes y admiten que “el rigor científico es mejorable”, consideran que este estudio piloto sí sirve para tomar el pulso y hacerse una idea de cómo ha afectado esta crisis sociosanitaria a las familias empobrecidas de Cuenca. “Si a los entornos digamos privilegiados nos ha afectado la pandemia, imagínate a los más desfavorecidos”, apunta el docente.
“Todo se intensifica con la pandemia”, subraya por su parte Sandra, quien desgrana junto a sus compañeras y el profesor algunas de las primeras impresiones que salen de las entrevistas y que han venido a corroborar los datos de los estudios de las principales organizaciones que trabajan en pro de los derechos de los niños y niñas como Save the Children, UNICEF y la Plataforma de Infancia: se ha pasado de las situaciones de riesgo en las que normalmente viven estas familias a una auténtica emergencia social tras la pandemia y un aumento de la pobreza infantil.
Este grupo de estudiantes advierte de que Save the Children estima que el riesgo de pobreza infantil pasará de un 26% a un 33%, es decir, uno de cada tres niños. En el caso de las familias monomarentales, se llegará al 48%. Según las entrevistas que han realizado, estos datos se pueden extrapolar también a la ciudad de Cuenca.
A los jóvenes se les ha pedido un gran esfuerzo, habiendo tenido que cuidar hermanos u otros familiaresLas estudiantes también consideran que algunas de las medidas para combatir la pandemia están pensadas “desde la visión dominante de las clases medias-altas y más concretamente desde la óptica del varón blanco adulto con recursos económicos por lo que están repercutiendo negativamente en las familias empobrecidas y por ende en los niños y niñas”. Es lo que catalogan como medidas generalistas de “brocha gorda”, que no tienen en cuenta la diversidad familiar, por lo que creen que haría falta un “pincel” para plantear soluciones más específicas para los hogares más vulnerables.
En el plano de las condiciones socioeconómicas, la pandemia ha golpeado duramente a las familias vulnerables con empleos precarios o dedicadas a la economía informal. Estas alumnas cuentan que, según los testimonios, las consecuencias han sido “devastadoras” y la situación es “desgarradora” y “mucho más dura que en 2008”.
En el estudio también se ha constatado que la crisis sociosanitaria también está afectando a familias ‘normalizadas’ que han perdido sus empleos. No obstante, el profesor Manuel J. Maldonado precisa que las empobrecidas tienen mayor capacidad de respuesta que estas últimas puesto que están más habituadas a hacer frente a situaciones adversas a través de diferentes estrategias de supervivencia.
En cuanto al sistema de protección, recalcan que este aún no se había recuperado de los recortes de la crisis socioeconómica de 2008. Aunque se valora el Ingreso Mínimo Vital, también se advierte de que las familias se encuentran con un auténtico “laberinto burocrático” para solicitarlo, a lo que habría que sumar la dificultad con la que también se topan de realizar trámites telemáticos debido a la brecha digital. Asimismo, este grupo de estudiantes también alerta de la supresión por parte del Gobierno regional del Ingreso Mínimo de Solidaridad y las Ayudas de Emergencia Social. En este sentido, Maldonado puntualiza que estos hogares han tenido que recurrir al apoyo de entidades como Cáritas y Cruz Roja. “Han sido más ágiles que la administración”, considera.
Respecto a la vivienda, en el estudio apuntan que se han retomado los desahucios y también se concreta que se han detectado problemas de hacinamiento. En algunos casos, los hogares no reúnen las condiciones de habitabilidad.
La brecha digital también se hizo patente en el ámbito educativo durante el confinamiento tanto por la carencia de dispositivos en algunos hogares como por no tener acceso a la red, lo que dificultó el seguimiento de las tareas escolares. A las dificultades de conciliación derivadas de los cierres de los colegios y que afectaron a la gran mayoría de las familias, se sumaron también en algunos hogares más desfavorecidos problemas de alimentación debido a la interrupción del servicio prestado por los comedores. Tras retomar este curso las clases presenciales, estas alumnas de Trabajo Social también han detectado algunas situaciones de absentismo escolar.
Todas estas circunstancias suponen un aumento de la tensión y el estrés familiar, lo que repercute negativamente en la salud mental de todos sus miembros, especialmente la de los niños, habiéndose detectado en estos miedo y ansiedad. No obstante, estas universitarias señalan que no les han manifestado durante las entrevistas un aumento de los casos de violencia intrafamiliar, algo que les ha sorprendido dado que otros estudios sí que han detectado un incremento desde que la Covid-19 irrumpió en nuestras vidas.
El estudio también ha abordado a los grupos de especial vulnerabilidad como son las familias con hijos en riesgo, que han visto suspendidas las actividades socioeducativas de apoyo. En el caso de los niños con diversidad funcional intelectual o física y con trastornos de espectro autista, les cuesta entender lo que ocurre y adaptarse a estas medidas de prevención frente a la Covid-19.
En el caso de los menores tutelados en acogimiento residencial, se han enfrentado a la escasez de recursos telemáticos, la suspensión de visitas de sus familias biológicas y a no poder realizar actividades fuera del hogar. Con el apoyo de los equipos educativos, consiguieron sacar “con éxito el curso escolar” aunque les ha afectado en el plano de las relaciones sociales que cuentan con escasas redes de apoyo. “Se ven más aislados ahora”, puntualiza el profesor.
La pandemia también ha tenido una especial incidencia en los menores extranjeros sin referentes familiares y en los programas de autonomía, aunque desde este estudio resaltan el gran compromiso de los equipos socioeducativos de los hogares.
“A la infancia se le ha pedido la misma responsabilidad que a los adultos pero sin mensajes adaptados. No se han articulado formas de participación activas donde se pudiera escuchar su voz y transmitir sus necesidades. Ha prevalecido una visión adultocéntrica y económica frente a los espacios de juegos como parques públicos y las alternativas para encontrarse y relacionarse”, consideran estas estudiantes.
Asimismo, también inciden en que a los jóvenes vulnerables se les ha pedido un gran esfuerzo, habiendo tenido que compaginar las tareas escolares con cierta soledad prolongada u otras responsabilidades como la de cuidar hermanos u otros familiares.
A modo de conclusión, consideran imprescindible adoptar “medidas dialogadas y adaptadas” a las familias vulnerables con hijos, sobre todo a las monomarentales, migrantes, empobrecidas y con hijos con diversidad funcional física o psíquica o con trastornos de espectro autista, para lo cual hacen falta más recursos públicos.
En el lado positivo, Sandra apunta que con esta situación se han creado redes de apoyo y pone como ejemplo a la vecindad del barrio de San Antón, añadiendo que esto ha servido para darnos cuenta de que “somos un conjunto” y todos nos necesitamos. Por su parte, María Romeo hace hincapié en que no se debe caer en la caridad, a la que el profesor respalda diciendo que es la administración la que tiene que responder a estas situaciones de vulnerabilidad. También intenta mandar un mensaje positivo: “Espero que esto sirva para replantear la situación que estamos construyendo y poner en el centro la vida en lugar de la economía”.
