El Obispado de Cuenca ha iniciado esta semana la retirada de los símbolos franquistas del lateral de la Catedral, una tarea en la que están trabajando entre tres y cuatro operarios y que es de prever que esté terminada en unos pocos días, de ahí que la próxima Semana Santa, que arrancará el próximo 24 de marzo con el tradicional pregón en la iglesia de San Miguel, será la primera festividad de las últimas décadas sin estos símbolos que para muchos dañaban la imagen de la ciudad, sobre todo de cara al turismo, y que era una medida largamente demandada por colectivos como Ciudadanos por la República.
Fue el pasado 21 de febrero cuando el Ayuntamiento, según trascendió en el último pleno, concedió al Obispado la licencia s para retirar estos símbolos (en concreto el yugo y las fechas y la inscripción de Primo de Rivera aunque no la Cruz) tal y como aprobó recientemente el Juzgado Contencioso-Administrativo y se lo exigió el pleno a través de una moción aprobada en diciembre de 2017 con los votos a favor del PSOE, IU y Cs y la oposición del PP; moción que le daba al Obispado un mes de plazo para llevar a cabo esta supresión.
En el caso de que el Obispado no retirara la simbología en el plazo exigido, el Ayuntamiento debería acometerla de forma subsidiaria y pasarle después la factura al Obispado y/o dejarle sin subvenciones.
La eliminación de este tipo de símbolos está incluida en la Ley de la Memoria Histórica, del año 2007, aunque desde el equipo municipal, contrario a este retirada, se lleva argumentando en los últimos meses que dicha ley establece como excepción los símbolos que aludan a razones “artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas”, como a su entender podría suceder en este caso.
En octubre de 2017 se había aprobado ya una moción en la que se acordaba la retirada de la simbología, un documento presentado en conjunto por el PSOE e Izquierda Unida. Aunque ya en la pasada legislatura, en 2014, otra moción municipal instaba a retirar los símbolos franquistas de la catedral. El PP entonces se abstuvo, argumentando que faltaba documentación para quitar la simbología.
