Sergio Morate Garcés, acusado de asesinar, el 6 de agosto de 2015, a su exnovia Marina Okarinska y una amiga de esta, Laura del Hoyo, se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar ante el juez y ha declinado incluso contestar a las preguntas formuladas por su abogado a lo largo de la primera sesión de la vista oral del juicio que se sigue contra él por doble asesinato en la Audiencia Provincial de Cuenca.
Morate, que ha dicho, textualmente, "me acojo a mi derecho a no declarar" y ha se ha negado a contestar a las preguntas de ninguna de las partes personadas en su caso, será juzgado por un jurado popular, integrado por siete hombres y dos mujeres y en audiencia pública, pese a la petición de la defensa para que se celebrase a puerta cerrada o, al menos, garantizando la incomunicación de los jurados para evitar su contaminación, que ha sido denegada por el magistrado presidente de la sala después de una recesión de más de media hora.
ESCRITOS DE CALIFICACIÓN
Una vez reanudada la sesión, se ha dado lectura al escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal, que mantiene su acusación sobre Morate como autor de dos delitos de asesinato, por lo que pide para él 48 años de prisión. De ellos, 25 por el crimen de Marina, al entender que se produjo con alevosía, “de forma sorpresiva y cuando estaba privada de sentido” y que, en torno a él, concurren las agravantes de parentesco y de cometer el hecho por razones de género y con premeditación, y 23 por el de Laura, que fue asesinada al ver “lo que estaba pasando”, aunque sí tuvo posibilidades de defensa.
Según Fiscalía, los jurados deben preguntarse “por qué Sergio Morate mata a Laura”, ya que no existía “nada que pudiera determinar que se llevara a cabo su muerte”, pero “fue testigo de algo y, lógicamente, había que quitarla de en medio” tras encontrarse con una situación “de la que no pudo salir”. Por ello, entiende que, en este caso, concurre la agravante de abuso de superioridad.
En cuanto a la petición de condena, también establece una indemnización para sus familias que ronda los 510.000 euros, de los cuales, 50.000 serían para V.D., el viudo de Marina, con quien se casó en mayo de 2015; 200.000 euros para los padres de esta, O.O. e Y.O. y 30.000 euros para su hermana, A.O. Asimismo, se exige la cantidad de 200.000 euros para F.H. y M.C., padres de Laura, y 30.000 euros para cada una de sus hermanas, C.H.C. y S.H.C.
Junto a la pena privativa de libertad, a juicio del Ministerio Fiscal procede imponer al acusado la prohibición de aproximarse a los familiares de ambas víctimas a una distancia inferior a 500 metros o comunicarse con ellos así como la prohibición de acudir a Cuenca por un tiempo de diez años superior al de la pena privativa de libertad que se le imponga y una medida de libertad vigilada de diez años.
FAMILIA DE MARINA
La familia de Marina Okarinska también mantiene su acusación por dos asesinatos, cometido con alevosía, “porque la atacó por sorpresa, asegurándose la indefensión” propinándole un “golpe contundente” en la cabeza. También le acusa de actuar con premeditación y buscando las circunstancias adecuadas “para favorecer su impunidad”, a lo que se unirían las agravantes de parentesco y la comisión del delito por razón de género en el caso de Marina, a la que, según la Fiscalía, asesinó como “manifestación de poder sobre la misma” y “como último acto de dominio sobre ella” y posteriormente se trasladó a Rumanía con la intención “inequívoca” de huir.
La representación procesal de la familia de Marina presentará una conversación mantenida entre esta y una amiga a la que confiesa que su única opción es marcharse a Ucrania para escapar de Sergio Morate.
Por todo ello, pide para él 31 años y 3 meses de prisión con accesoria de inhabilitación, un periodo de libertad vigilada de diez años posterior a la pena privativa de libertad que se le imponga y prohibición de comunicarse o aproximarse a los familiares a una distancia de 500 metros y prohibición de acudir o residir en Cuenca por un periodo de 41 años y tres meses. Asimismo, la defensa de Marina pide una indemnización de 600.350 euros a repartir entre sus padres y hermana, a razón de 150.000 euros para cada progenitor y 50.000 euros a favor de la hermana.
El juez ha desestimado la petición de la acusación particular que representa a la familia de Marina de realizar una nueva inspección ocular.
FAMILIA DE LAURA
Por su parte, la acusación particular ejercida por la familia de Laura del Hoyo acusa a Morate de un delito de asesinato con alevosía sobre Laura, “que perdió la vida por hacerle un favor a una amiga y tampoco tuvo posibilidad de defensa”, ya que Morate habría cerrado la puerta para que no hubiera “escapatoria posible” y, de este modo, cometer el doble crimen que, recuerda esta parte, “confesó a un amigo” y después del cual huyó.
En su caso, esta acusación entiende que concurre el agravante de abuso de superioridad y confianza y considera que procede imponerle al autor de su muerte la pena de 25 años de prisión, la prohibición de aproximarse a los familiares de ambas víctimas a una distancia inferior a 500 metros o comunicarse con ellos así como de acudir a Cuenca por un tiempo de diez años superior al de la pena privativa de libertad que se le imponga y una medida de libertad vigilada de diez años. Piden 300.000 euros para los padres y 50.000 para cada una de sus dos hermanas.
Tras entender que no concurre la premeditación, la defensa de la familia de Laura ha avanzado que, probablemente, en las conclusiones finales pedirán que se incrementen su petición de pena entendiendo que, probablemente, “hay dos circunstancias determinantes según el Código Penal”. Asimismo, ha pedido que se incorpore al proceso el comunicado emitido el día 13 de agosto de 2015 por la familia de Sergio Morate en el que lamentaba los asesinatos y renegaba de él, ya que, a su entender, “puede ayudar a esclarecer” los hechos, aunque finalmente no ha sido admitido.
La representación procesal de la familia de Marina presentará una conversación mantenida entre esta y una amiga a la que confiesa que su única opción es marcharse a Ucrania para escapar de Sergio Morate.JUNTA DE COMUNIDADES
La Junta de Comunidades, personada como acusación popular, se adhiere en todo a las conclusiones formuladas por el Ministerio Público y ha hecho hincapié en la agravante de asesinato por razón de género respecto a la muerte de Marina y, en relación a la muerte de Laura, ha citado el agravante de abuso de superioridad.
DEFENSA DE SERGIO MORATE
Finalmente, en su escrito de calificación provisional, la representación procesal de Sergio Morate ha asegurado que Marina “no murió estrangulada por una brida y Laura no murió estrangulada” y solicita la libre absolución de su defendido al entender que el auto de apertura de juicio oral infringía sus derechos fundamentales, vulnerándose el principio de presunción de inocencia, ya que, subraya, “nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario” después de retrotraerse al crimen de Cuenca.
Ha denunciado, en este sentido, que, “desde un primer momento” se señaló a Morate como culpable y a partir de ahí se fueron construyendo las pruebas y el “puzzle”, aunque su defendido “no tenía ni un simple moratón”.
“No hay una sola prueba que relaciona a Morate” con los hechos, ha aseverado, aclarando que “prueba real” de la estancia de las víctimas en la casa de la calle Río Gritos “no hay ninguna”, así como tampoco en el vehículo donde, supuestamente, Morate trasladó los cuerpos hasta el nacimiento del río Huécar, donde fueron encontrados el día 12 de agosto de 2015, semienterrados, con signos de haber sido quemados y cubiertos por cal viva.
“Lo que un policía diga, por muy funcionario que sea, son simplemente juicios de valor, tienen una base como una denuncia”, ha dicho la defensa de Morate, para, a continuación, insistir en que quien tiene que valorarlo son los jurados. Así, recuerda que el que un policía asegure que su defendido es culpable “no significa que lo sea” y que en este procedimiento contra Morate los jurados deberán determinar la culpabilidad o no del acusado respecto de los hechos concretos que se le imputan y a tenor de las pruebas presentadas a lo largo de la vista oral.
En suma, a juicio de la defensa de Morate, que también ha negado premeditación en torno a los hechos que se relatan, que no serían ciertos ya que, según su abogado “no entra dentro de un razonamiento lógico la confección y ejecución de plan alguno” para terminar con la vida de Marina como consecuencia del fin de su relación sentimental, que era “estrecha y cordial”.
A lo largo de la vista oral, tratará, además, de acreditar que, por esas fechas, Morate tenía previsto el mismo 6 de agosto acudir a Valencia para asistir a un concierto con un excompañero de prisión, cuyas entradas estaban sacadas con meses de antelación y, posteriormente, trasladarse a Rumanía para asistir como padrino al bautizo del hijo de su amigo Istvan Horvath, a quien, presuntamente, habría confesado el doble crimen, aunque ante la justicia rumana se declaró inocente.
Asimismo, en el transcurso de las comunicaciones que el día 6 mantuvo su representado con su exnovia queda, a entender de su defensa, patente la “negativa a mantener ningún contacto con Marina para entregarle sus enseres”, dado que el acusado estaba “convencido de que la ruptura era transitoria y que, pasado un tiempo, volverían a estar juntos, desconociendo por completo el matrimonio de Marina”.
“Ante la insistencia de esta de mantener una conversación y retirar algunas de sus pertenencias, tras hablar con su amigo e indicarle que no acudiría al concierto”, según su representación procesal, Morate “abandonó su vivienda y, tras pasar un periodo de inquieta reflexión, adelantó su viaje a Rumanía”.
A ello, se une, según su defensor, el que, de la fase de instrucción “no puede inferirse la culpabilidad de los delitos que se le imputan, en los que no tuvo participación alguna”, por lo que pide su libre absolución.
La familia de Laura ha avanzado que, probablemente, en las conclusiones finales pedirán que se incrementen su petición de pena
