El equipo de gobierno que desde hace ahora tres años lidera Ángel Mariscal no solo se encontró, al llegar al Ayuntamiento, con una deuda bancaria de 79 millones de euros que en estos tres años, según sus datos, ha logrado reducir a 65, sino con la posibilidad de que le reclamaran en torno a 15 millones de euros entre demandas de trabajadores y vecinos expropiados, kilómetros de más realizados por la empresa adjudicataria del servicio de autobuses o fundaciones públicas que siguen sin liquidarse como la de la candidatura de Cuenca a Capital Cultural Europea en 2016 o la de turismo.
Esto es al menos lo que sostuvo el primer edil de la ciudad al hacer balance, el pasado miércoles, de sus primeros tres años de legislatura, advirtiendo de la problemática situación en que podría volver a entrar el Consistorio una vez que tras los duros recortes realizados desde la puesta en marcha de los distintos planes de ajuste que se han sucedido desde 2011 el Ayuntamiento ha pasado de estar en situación de riesgo financiero alto hasta 2016 a una situación de riesgo financiero bajo en este 2018, según el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal publicado en mayo.
Entre esos 15 millones de euros se encuentran, según Mariscal, 7,5 ya abonados a la anterior empresa adjudicataria del servicio de autobuses, un millón de euros que se tuvieron que ingresar a los trabajadores de la Fundación Cultura Ciudad de Cuenca como indemnización por incumplimiento del convenio colectivo; y 600.000 euros por una demanda del parking de San Pedro.
Estarían en juego, además, 1,5 millones de euros que reclama al Ayuntamiento la propietaria del inmueble en el que durante más de diez años estuvo ubicada la Gerencia Municipal de Urbanismo; 700.000 euros que demanda la actual empresa que gestiona los autobuses; 700.000 por la liquidación de la Fundación Cuenca 2016, la cual debería haberse disuelto en el año 2010, cuando se perdió la candidatura; otros 800.000 por la liquidación de la Fundación Turismo; 600.000 por expropiaciones realizadas a propietarios de terrenos en el entorno de La Fuensanta y el Bosque de Acero a las que habría que añadir otra demanda por terrenos en Ars Natura; y 32.000 euros que piden los trabajadores de la Fundación Cultura por concepto de trienios. Cifras a las que habría que añadir toda otra serie de litigios en que el Consistorio se ha visto envuelto, principalmente por demandas de trabajadores.
Con el fin de no tener que afrontar nuevos pagos, el alcalde asegura que el equipo municipal está negociando con los distintos demandantes, tratando por ejemplo de compensar con terrenos municipales a quienes reclaman una indemnización por terrenos expropiados. “Para no perder dinero queremos cambiarlo por otros terrenos. A ver qué pasa”, dice Mariscal.
