El caso del agente de la Guardia Civil acusado de haber entrado en diversas ocasiones a lo largo de 2020 y 2021 a la vivienda que ocupaba el entonces el subdelegado del Gobierno en Cuenca, Juan Rodríguez Cantos, sustrayendo en total 45 euros –hechos por los que se le imputan un delito continuado de allanamiento de morada a la vivienda y un delito leve continuado de hurto– está ya listo para el veredicto del jurado popular, que está deliberando desde este mediodía sobre el asunto.
La Audiencia Provincial de Cuenca ha acogido este martes la vista oral con jurado popular contra el acusado –que prestaba servicio de vigilancia en el edificio de la Subdelegación de Gobierno en Cuenca, donde se encuentra la vivienda, por lo que tenía acceso a las llaves del domicilio–, que ha reconocido los hechos, los cuales ha asegurado que fueron motivados por estar atravesando una delicada situación económica familiar en aquel momento.
El agente ha pedido disculpas tanto al entonces subdelegado del Gobierno y su pareja como al propio tribunal y a la Guardia Civil, pidiendo el acusado que no se manche el nombre del Cuerpo, en el que lleva treinta años, por estos hechos.
El Ministerio Fiscal solicita un año de prisión para el acusado y el pago de 2.045 euros –45 por el dinero sustraído y 2.000 por los perjuicios morales ocasionados–, así como la inhabilitación absoluta por doce años. El procesado, a través de su esposa, procedió en enero de 2021 a ingresar los 45 euros que se había llevado en total en la cuenta de designaciones del juzgado, en concepto de responsabilidad civil.
La defensa, que ha hablado de “desafortunados hechos” y considerado que el acusado cometió la “estupidez de su vida”, ha mantenido sin embargo que hubo delito de allanamiento de morada dado que el agente no pretendía violentar ni vulnerar la intimidad del subdelegado del Gobierno y su pareja, sino apropiarse de dinero debido a su estado de necesidad.
La pareja del subdelegado del Gobierno ha relatado durante la vista que durante varias ocasiones a partir de agosto de 2020 empezó a percatarse de que en varias ocasiones le faltaron pequeñas cantidades de dinero y de que se estaban manipulando sus pertenencias. La primera vez, ella estaba dentro cuanto notó que alguien intentaba entrar aunque al preguntar quién era, el sujeto no llegó a acceder.
Ante esta situación, por la que no estaba “tranquila” y que empezó a generarle ansiedad, la pareja decidieron instalar cámaras de seguridad en el interior del domicilio, en el pasillo y en el dormitorio, lo que permitió después captar al acusado entrando al inmueble y sustrayendo cinco euros, procediéndose ese mismo día a su detención. El agente llevaba consigo en el momento la cantidad extraída y las llaves empleadas para el acceso no consentido.
En la sesión, en la que han testificado varios agentes que investigaron el caso y guardias civiles compañeros del acusado, se han visionado también las imágenes de las cámaras de vigilancia de la vivienda.
El Ministerio Final ha mantenido la petición del delito de allanamiento de morada mientras que la defensa insiste en que no hubo esa intención y ha manifestado su intención de acudir hasta el Tribunal Supremo en caso necesario.
