Se acercan las elecciones municipales y, con ellas, se prevé que los distintos candidatos a presidir el Ayuntamiento de Cuenca incluyan en su programa la mejora del servicio de transporte urbano.
“En campaña, nos dirán que los autobuses pasarán cada dos minutos y habrá paradas cada 50 metros, hasta que luego tomen posesión”, ironiza el delegado sindical de UGT, Jesús Salvador.
Sin embargo, el contrato adjudicado en el año 2012 a la empresa Líneas Urbanas de Cuenca (LUC) contempla una subvención a la empresa, por parte del consistorio, de 400.000 euros anuales, cantidad que, según se precisa en el mismo contrato, “no será alterada durante la vida de la concesión”, firmada por un periodo de diez años con la posibilidad de otros cinco prorrogables.
Cualquier incremento, por tanto, podría ser considerado ilegal, al atentar contra el interés de otras compañías a las que hubiera podido interesar presentarse al concurso en el caso de que el consistorio hubiera previsto, desde el primer día, una subvención mayor.
Un incremento de la partida haría necesario, según se dice en el contrato, su “modificación”, teniendo en cuenta para ello la “legislación sobre resolución de contratos”. Y lo que a este respeto dice la nueva ley de contratos, del año 2017 y más restrictiva que la vigente hasta entonces, es que el valor de un contrato no puede incrementarse en más de un 10 por ciento salvo que hayan surgido circunstancias imprevistas, como no es el caso.
Se trata de una posibilidad que el equipo municipal lleva buena parte de la legislatura barajando, pero que hasta la fecha no se ha materializado. Y ya apenas quedan dos meses para las elecciones.
El citado 10 por ciento apenas conllevaría no obstante un aumento de 40.000 euros anuales, una cantidad insuficiente si lo que se quiere es darle al servicio un empujón de calado.
Subir tarifas
Lo que el contrato sí permite es la posibilidad de que haya “un incremento mayor de las tarifas” o “una revisión de las líneas” para ajustar su coste a la citada subvención y garantizar el equilibrio presupuestario.
Y estas dos son justamente las opciones que se han puesto en práctica en esta legislatura, ya que, en la primavera de 2016, el billete general pasó de costar 1,05 euros el trayecto a 1,20 euros, el de la estación del AVE de 1,20 a 2,15 euros y el bono de diez viajes, de 5,80 a 6,30 euros, a todo lo cual se unieron varios recortes, como la supresión del pase de los vehículos por calles como San Cosme y San Damián, Ángeles Gasset o la residencia Las Hoces, además de que el autobús de la línea 1 dejó de subir hasta el barrio del Castillo, dando la vuelta en la Plaza Mayor.
También, recoge la posibilidad de que haya “aumento o disminución de la plantilla” en el caso de que se produzca una “variación sustancial del servicio”, aunque nada de esto se ha aplicado.
Nuevo contrato
En este contexto, la opción más sencilla para mejorar las líneas pasaría, directamente, por resolver el contrato y acordar uno nuevo tras una nueva licitación pública.
Si esto no ocurre, en UGT abogan por “dejar morir” el contrato actual y esperar a 2022, que es la fecha de su vencimiento, y presentar entonces un pliego “en condiciones” que ofrezca una cobertura más amplia de la ciudad, incluyendo barrios de reciente creación como el Cerro de la Horca o futuras instalaciones como el nuevo hospital, que como ha ocurrido con la estación del AVE aumentará notablemente el kilometraje de los autobuses.
“De lo contrario, si se hacen más kilómetros, el ayuntamiento va a tener que pagar el exceso de kilómetros”, advierte Salvador. Se entiende por ejemplo que el refuerzo de los autobuses al Casco Antiguo durante las Navidades de 2017, iniciativa que no se prolongó, debió tener un sobrecoste.
El objetivo del equipo municipal era que se hubiera podido sufragar con lo recaudado por los billetes, pero no se logró, de ahí su no continuación. Existe además una deuda con la empresa pendiente de liquidación que podría superar el medio millón de euros.
Subvención de 400.000 euros para un coste de 1,9 millones
Un real decreto del año 2011 advertía de que el precio de los contratos que las administraciones públicas acuerdan con empresas privadas debe adecuarse al mercado, e incluir por tanto “la correcta estimación de su importe”.
Sin embargo, el de los autobuses de Cuenca incluye una subvención de 400.000 euros cuando su coste asciende a 1,9 millones de euros, cantidad muy alejada por tanto de la parte subvencionada.
Eso sí, a la ayuda del Ayuntamiento la empresa suma otra subvención por compensación social del Estado de 72.200 euros anuales y el dinero ingresado tanto por billetes y bonos como por la explotación de la publicidad en el interior y exterior de los autobuses o en las marquesinas existentes, un total de 49. Se añade también, como plataforma publicitaria, los relojes termómetro, 19 unidades distribuidas por la ciudad, la mayoría de los cuales no obstante no funciona desde hace más de un lustro, según la empresa porque su mecanismo ha quedado obsoleto y no es posible cambiar las piezas deterioradas.
Mientras no se incremente esa subvención de 400.000 euros, que según la ley a lo sumo podría ascender en 40.000 euros anuales sin que no obstante tampoco se haya hecho este desembolso en la presente legislatura, pocas posibilidades hay para mejorar el transporte urbano y que por ejemplo se pueda recuperar el paso de los vehículos por las calles San Cosme y San Damián de Fuente del Oro o Ángel Gasset en Villa Román. O para que la frecuencia de los autobuses al Casco Antiguo y a la estación del AVE se mantenga los fines de semana en media hora en vez de alagarse hasta la hora.
