La Villa Román IV que no fue

En torno a 2.800 viviendas de nuevas construcción, pensadas para unos 18.000 habitantes. Era lo que el Ayuntamiento, en alianza con el grupo Promociones González, pretendía construir en unos terrenos de Villa Román que pasaron de tener la calificación de suelo rústico a la de urbano y que se quería que dieran lugar al barrio de Villa Román IV.

Con este fin, en febrero de 2006 el pleno del Ayuntamiento aprobó adjudicar al grupo Promociones González la urbanización de los terrenos (trabajos valorados en 25 millones de euros), para lo que se firmó un convenio con la constructora presidida por Aurelio González, que a su vez era propietaria de entorno al 51 por ciento de los terrenos (el resto pertenecía a otras inmobiliarias y a una cooperativa que agrupaba a más de 200 vecinos). El convenio aludía incluso a la posibilidad de que la construcción de las viviendas podría “simultanearse” con las obras de urbanización, para lo que se señalaba que “se concederán las oportunas licencias”. 

La operación, por la que el agente urbanizador debía abonar al Ayuntamiento el valor de la cesión del 10 por ciento del aprovechamiento de los terrenos, al final nunca salió adelante debido a que la empresa presentó distintas modificaciones al proyecto original que había acordado (algunas de las cuales fueron aprobadas, otras no) y todo ello produjo su demora. No hubo además acuerdo en la reparcelación de los terrenos. Y el proyecto, pese a varias prórrogas y la insistencia a la empresa, por parte del Ayuntamiento, de que cumpliera lo pactado, quedó definitivamente zanjado en 2014, cuando se le denegó una nueva pórroga y la empresa entró en concurso de acreedores.

Diez años después, el Ayuntamiento da por vencido aquel convenio al entender que el Grupo GV incumplió el contrato al no empezar ni siquiera la urbanización de los terrenos. Para ello, en el último pleno aprobó con los votos favorables de PP, PSOE y Ciudadanos y la abstención de IU realizar los primeros trámites para tratar de resolver aquella adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora de Villa Román IV, como se llamó, un proceso con muchas incógnitas pues podría darse el caso de que el resto de empresas que no pudieron construir sus viviendas al no urbanizarse el terreno reclame una indemnización al Consistorio. Se trata, además, de empresas que en su día tuvieron que hacer frente a un pago al Ayuntamiento de en torno a 4,6 millones de euros en concepto de plusvalías, aunque según se dio a entender durante el pleno de esa cantidad se habrían ingresado unos 2,7 millones.

El concejal de Urbanismo, Julián Huete, asegura que el Ayuntamiento tratará de “defender el interés general” de los ciudadanos en este asunto, y añade que lo que ocurra en un futuro en estos terrenos (si se intentará construir viviendas o no) dependerá de lo que se decida globalmente en la redacción del nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM), que ha empezado a confeccionarse.

No hay que olvidar, eso sí, que el propio Huete señaló recientemente que la capital cuenta con 5.000 viviendas vacías y otras 5.000 que son nueva residencia, por lo que la oferta es ahora mismo mayor que la demanda.

¿Malas previsiones?

En IU insiste en criticar las previsiones de construcción, fruto de la “burbuja inmobiliaria”, que se hicieron hace ya diez años en estos terrenos de Villa Román, que recuerdan que eran rústicos y que en esos momentos había “suelo urbanizable en otros sitios de la ciudad”. Lo que pasó, para este partido, fue que “había un todopoderoso empresario que compró allí terreno rústico y consiguió que fuera urbanizable”. 

Recuerdan, además, que a esta ampliación prevista de Villa Román se unió el proyecto de construir un túnel que comunicara este barrio y la hoz del Huécar en base a un proyecto del ingeniero conquense Ángel Pérez, un proyecto contra el que IU también se opuso y que fue finalmente tumbado por Icomos, organismo dependiente de la Unesco, dada la condición de Cuenca de ciudad Patrimonio de la Humanidad.

En la misma línea que IU, en Ciudadanos consideran que aquel proyecto fue “un pastel cocinado por PP y PSOE” atribuible “al negocio de la época” que a su entender “llevó a este país al enriquecimiento de unos pocos, al empobrecimiento de la clase media y a una situación paupérrima a los pobres”, un proyecto que ahora califican de “un marrón a resolver” que temen que propicie que al Consistorio “le lluevan demandas, algunas millonarias”, ante lo que abogan por investigar todo lo ocurrido “y comprobar si se hizo bien o hubo negligencias”.

En el PSOE, mientras tanto, su portavoz, María Jesús Gómez del Moral, considera que, mirándolo ahora, es obvio que se falló en la previsión de construir estas viviendas (“a cojón visto, macho seguro”, señaló durante el último pleno), pero justifica que entonces se tuviera “otra visión” de acorde con aquellos “otros tiempos”. 

Considera, además, que ahora lo importante es iniciar la resolución del proceso “con cautela” y que el Consistorio se proteja ante posibles demandas. “Tenemos que defender que se ha actuado correctamente desde el Ayuntamiento, y, si no ha sido así, ya nos lo dirán otros”.