Habrá que esperar a las próximas semanas para conocer, según lo que sentencie el Juzgado de lo Civil, el dinero que el Ayuntamiento de Cuenca deberá pagar a la empresa NAVI por la ocupación que entre octubre de 2005 y junio de 2016 la Gerencia de Urbanismo hizo del inmueble número 1 de la calle Hurtado de Mendoza, del que incialmente ocupó una planta y poco después dos que sumaban mil metros cuadrados.
Así lo decidía este jueves el pleno al rechazar, con los 12 votos en contra de los concejales de PSOE e IU, la propuesta del equipo municipal de aceptar, tras negociar con la empresa, el pago de 932.175 euros, opción a la que según defendía el concejal de Hacienda, José Ángel Gómez Buendía, la jueza les instó “encarecidamente” en la audiencia previa celebrada el pasado 29 de octubre haciendo hincapié en que “jugamos con caudales públicos”, pues en principio será más cuantiosa la cantidad económica que la sentencia determine, por encima del millón de euros.
Gómez Buendía hizo hincapié en que el acuerdo alcanzado con la mercantil, que incluye “lo que valdría” el alquiler del inmueble y unos determinados intereses “es mejor” que lo que puede dictar la sentencia, por lo que abogó por “agachar las orejas y pagar”. No en vano, aseguró que en lo que llevamos de legislatura el Ayuntamiento se ha visto envuelto en 982 trámites judiciales y ha tenido que pagar más de seis millones de euros. “Y pagaremos cerca de 10 o 12 por esperar a ver qué dicen los jueces cuando en este caso hay posibilidad de acuerdo”.
En el PSOE, sin embargo, creen que la administración debe defenderse en los tribunales y que “habrá que pagar lo que haya que pagar”, aunque precisan que es la empresa quien deberá “probar todo lo que se le deba de forma desglosada”.
Acontecimientos
Por lo que se deduce de la información difundida en el pleno por los distintos grupos políticos, la Gerencia de Urbanismo ocupó el inmueble en 2005 al cedérselo gratuitamente su propietaria durante dos años. La empresa, eso sí, esperaba a cambio una recalificación de terrenos, según IU ubicados en las proximidades de la estación del AVE, por la que la tendría que abonar al Consistorio el 10 por ciento del aprovechamiento urbanístico, un proceso que en aquellos años permitía la legislación. Pero no hubo una aceptación formal de esa cesión y el contrato se dejó en el aire para más adelante.
Sucedió entonces que, tras las elecciones de 2007, cambió el color político del Ayuntamiento y el nuevo alcalde, del PP, firmó con la empresa un documento de aceptación del precio del alquiler, en torno a 10 euros el metro cuadrado, compromiso que obstante no tendría validez al no haber pasado por el pleno y que además habría perdido su vigencia en 2011, año tras el cual el edificio siguió ocupado. El pago en este caso también se iba a compensar con el citado aprovechamiento urbanístico previsto en un nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM) que, sin embargo, no se llegó a realizar.
Gómez Buendía negó no obstante que en este proceso hubiera responsabilidad política, aunque sí considera que la hay en los técnicos municipales. De hecho, en relación al documento de 2007, apuntó que “el político no ha escrito el convenio. Lo ha firmado pero mal asesorado”, ante lo que en IU preguntaron que si el alcalde “firma lo que le ponen” también hubiera firmado una pena de muerte.
Orden de desalojo
El actual primer edil, el también ‘popular’ Ángel Mariscal, defendió por su parte que al conocer su equipo, a finales de 2015, la situación “de precariedad” en que se encontraba la ubicación de la Gerencia en el inmueble dio orden de desalojo y este se produjo en junio de 2016 una vez habilitado parte del que fuera Centro de Recepción de Visitantes, inmueble de propiedad municipal y donde desde entonces está ubicada la Gerencia.
Además de la denuncia actual, que tramita el Juzgado de lo Civil, el pasado año la empresa demandó al Ayuntamiento a través del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, pero ningún representante de la administración local se presentó en el acto, algo que denunciaron los tres grupos políticos de la oposición.
Oposición de PP y PSOE a la investigación
El pleno municipal también rechazó, en este caso con los votos en contra de Partido Popular y PSOE pese al respaldo de Izquierda y Ciudadanos, la petición de IU de abrir un expediente para que se investigue lo ocurrido con la ocupación del inmueble de Hurtado de Mendoza durante más de una década y se determine si pudo haber responsabilidades por parte de determinados técnicos municipales o representantes políticos.
Ana Sánchez, de IU, consideró que “hay conductas que han obviado el procedimiento administrativo, ilícitas, que se tienen que investigar” y criticó que el concejal de Hacienda valorara durante la Comisión en la que se abordó este tema que la empresa propietaria, a la hora de aceptar el pago de 900.000 euros para resolver el litigio sin esperar a la sentencia, “tuviera a bien no pringar a ningún alcalde”. No descartó esta concejal poner la información del asunto “en manos del Ministerio Fiscal”.
En el PSOE defendieron que en la anterior legislatura, en concreto en el año 2014, el equipo municipal entonces gobernado por los socialistas remitió la documentación del caso al Consejo Consultivo de la Junta de Comunidades. Y abogaron por “no buscar culpas y solucionar las cuestiones que tenemos en este momento encima de la mesa”, en palabras de su portavoz, María Jesús Gómez del Moral, que hizo hincapié en que su partido “no va a llevar a ningún funcionario a ningún proceso penal”.
María Jesús Amores, de Ciudadanos, criticó por su parte la “pinza PP-PSOE para que no se investigue lo que ha pasado aquí y que, si pudiera haber responsables, estos pagaran por ello”.
