“Evidencias jurídicas” implican al PP en el cierre de la explanada de Antonio Maura

Hasta cuatro documentos del expediente del parking de Astrana Marín implican al Gobierno del PP en la aceptación del cierre de la explanada de Antonio Maura. Así lo asegura el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca en un comunicado en el que desmiente las declaraciones del portavoz del Grupo Municipal Popular, José Ángel Gómez Buendía, en las que negaba que el ayuntamiento estuviera obligado a cerrar este espacio.

Pero además, desde el Gobierno de Dolz afirman que más allá de “las evidencias jurídicas que implican estos documentos" la empresa ha exigido al Ayuntamiento de Cuenca, mediante reclamación escrita, el cierre de la explanada por ser una zona de aparcamiento ilegal, como así refleja el informe del secretario que que aprobó el PP.

Un asunto, que junto al plan de viabilidad presentado por la empresa y en el que, entre otras medidas, instaba al consistorio a la “eliminación de las zonas de aparcamiento ilegal en las explanadas existentes al otro lado de la línea del ferrocarril", se aprobaba en la Junta de Gobierno Local del 9 de octubre de 2017.

En dicho informe del secretario se estipula que “es cierto que existe un aparcamiento no regulado en las explanadas junto a la línea del ferrocarril. En tal sentido ha de indicarse que el planeamiento y la licencia urbanística deben resolver este hecho, pero actualmente el uso del suelo en ese lugar no es el indicado y no cuenta con licencia municipal”.

De hecho, apuntan que el acta de esta Junta de Gobierno, certificada por el propio José Ángel Gómez Buendía, indica que “en atención al informe del secretario general de fecha 8 de octubre de 2017, como documento sobre los que se motiva el presente acuerdo … aprobar el estudio de viabilidad estimando y desestimando las alegaciones presentadas según el informe jurídico indicado”.

Por lo que se preguntan si, en caso de gobernar, Gómez Buendía habría incumplido los acuerdos que se alcanzaron con la empresa sabiendo que el Ayuntamiento sería denunciado por ello.

En este punto señalan que el pliego de las cláusulas económico-administrativas, y el contrato por su parte, ya indica a su inicio que “en caso de discrepancia entre el presente pliego y el resto de documentación que reviste carácter contractual, prevalecerá el presente pliego”.

Más adelante indica que “según la aprobación por la Junta de Gobierno Local del estudio de viabilidad de fecha 9 de octubre de 2017, el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas necesarias contempladas en el desarrollo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de Cuenca que se resolverían según la cláusula 30 del presente pliego”.

Dicha cláusula 30, referente a los derechos del concesionario, insta al “derecho a recabar de la entidad local … la realización de cuantas acciones sean necesarias para hacer viable el ejercicio de los derechos del concesionario”.

RECLAMACIÓN PATRIMONIAL

A esto se suma la reclamación registrada por la empresa concesionaria contra el Ayuntamiento de Cuenca, que va en la misma línea. Tras un repaso por la evolución del proceso, se refiere a la Junta de Gobierno Local de 9 de octubre de 2017, en la que aprueba definitivamente el estudio de viabilidad y se acepta la medida de eliminación de aparcamiento ilegal.

Y añade: “Que lógicamente el hecho de que existan aparcamientos ilegales en la zona de influencia de nuestro parking supone los lógicos daños y perjuicios ocasionados al concesionario de la explotación, ya que supone de facto una competencia desleal debido a que cualquier vehículo puede aparcar gratis en una zona completamente ilegal, con un uso totalmente incompatible para el aparcamiento de vehículos”. Circunstancia que la empresa constructora y concesionaria habló desde el primer día con el anterior concejal de Hacienda, José Ángel Gómez Buendía.

En base a ello, insiste el equipo de Gobierno, la empresa ha exigido al Ayuntamiento de Cuenca el cierre de la explanada basándose en el informe del secretario general que aprobó el PP en Junta de Gobierno Local y en el que declara que se trata de un aparcamiento ilegal.