El PP denuncia subidas en el recibo por el 'canon del agua'

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cuenca ha denunciado la subida en los recibos que pagan los conquenes debido a la implantación del 'canon del agua', una medida de obligado cumplimiento que marca la Unión Europea para todas las comunidades autónomas que grava el consumo y la contaminación con el objetivo de fomentar una utilización más eficiente de este bien.

A pesar de ello, el portavoz del Grupo, Álvaro Barambio, ha reclamado al alcalde de Cuenca, Darío Dolz, que se pronuncie al respecto y pida al presidente regional, Emiliano García-Page, su derogación tras catalogarlo como una "metida de mano" en el bolsillo de los conquenses.

Desde el Grupo Popular cuestionan además que Junta haya avanzado que va a devolver a los Ayuntamientos el 25% e insisten en pedir que se anule en su totalidad el nuevo canon. "Se ha establecido de una manera torticera y simplemente con afán recaudatorio, estableciendo un coste fijo altísimo para poder vender que el variable es de los más bajos", añaden.

Según el PP, este canon supondrá una media de 24 euros a una familia de dos miembros, 29 euros para una de tres, 40 para una de cuatro, y de unos 500 euros para cualquier empresa.

Respuesta del PSOE

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Cuenca recuerda al PP de la capital que el canon del agua es de obligado cumplimiento, tal y como establece la Directiva Marco del Agua, y se lleva aplicando en lugares gobernados por el PP desde hace 20 años, como es el caso de Murcia, Andalucía o Galicia.

Los socialistas han destacado que en Castilla-La Mancha, además de retrasar su entrada en vigor “todo lo posible”, esta tasa va a tener el precio más barato de España y los primeros 10.000 litros de cada mes por vivienda estarán exentos de tributación.

Han criticado desde el Grupo Municipal Socialista que el PP de Cuenca se sume a la campaña de “bulos y mentiras” que está ejecutando su partido a nivel regional en relación con esta tasa, una campaña cuyo único objetivo es “confundir” a la ciudadanía y generar “alarma y malestar”

Han explicado los socialistas que este impuesto repercutirá alrededor de 8 euros anuales en una familia en Castilla-La Mancha, “lejos, por ejemplo, de los 54 euros que supondrá en Valencia o los 180 euros en Madrid”.  

Además, todos los ayuntamientos recibirán el 25 por ciento del dinero recaudado porque se trata de un impuesto “finalista” y va destinado exclusivamente a mejorar infraestructuras hidráulicas, mejorar los sistemas de abastecimiento y saneamiento, la depuración y la calidad del agua. Con ello, se conseguirá evitar pérdidas en un bien “precioso y escaso” como es el agua.

Han recordado que a la exención de los primeros 10.000 litros se suman otras como las que tendrán empresas agrícolas y ganaderas, la industria o las familias numerosas y monoparentales.