Es la otra cara de la pobreza. O la pobreza del siglo XXI que ha traído la crisis económica. La conquense M.C., tiene 60 años y está divorciada. Vive en un piso en la zona de Villa Román con una persona mayor a su cargo. Tiene un sueldo que apenas llega a los 700 euros mensuales. Y una hipoteca de 450. Cuando llega el invierno empieza su pesadilla. “Intento tener la casa caliente, por mi madre, que tiene 85 años y está enferma, pero eso me supone pagar unas facturas cercanas a los 300 euros y no me llega el sueldo. Para mí los meses de frío son una pesadilla”.
Hace lo que puede para ahorrar y optimizar pero es difícil. Por ejemplo, cierra radiadores de varias habitaciones y suelen estar por el día en la sala de estar. O tiran de calefactores eléctricos. Aun así, la luz la usa lo imprescindible, al igual que los electrodomésticos. En los últimos cuatro meses, ha subido casi 10 euros. “No uso lavavajillas y las lavadoras las pongo una vez a la semana”, cuenta a Las Noticias. “Cuando voy a casa de alguna amiga y veo que van casi en manga corta y tienen 22 o 23 grados en su casa me parece increíble, yo es algo que no puedo ni soñar”.
Esta conquense es uno de los 4,5 millones de españoles que sufre pobreza energética. Con todo, no es un caso extremo. A lo largo de 2017 más de 2.000 conquenses tuvieron que recurrir a las ayudas de la Junta para hacer frente a las facturas de luz y calefacción, de los que 873 son menores. La mayoría, según explica la directora provincial de Bienestar Social, Amelia López, son familias con insuficiencia o carencia de ingresos con menores a su cargo que en los meses invernales no pueden hacer frente a los gastos de electricidad o gas.
Puede decirse que un hogar está en situación de pobreza energética cuando es incapaz de pagar los servicios de energía necesarios para satisfacer sus necesidades domésticas básicas o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar facturas energéticas. Unas condiciones de climatización adecuadas para la salud serían las que ronden de 18 a 20 grados en los meses de invierno. Un 10 por ciento de los hogares españoles no puede alcanzar esta temperatura.
Las causas que desembocan en esta problemática son una combinación de ingresos bajos, el aumento constante de los precios de la energía y la mala eficiencia energética de muchas viviendas. “Es un problema que ha existido siempre, pero quizás a raíz de la crisis y del aumento del paro en los últimos años se ha producido un incremento en las tasas de pobreza y exclusión social”, señala la directora provincial. “Entre las consecuencias directas derivadas de la pobreza energética se encuentran afecciones en la salud, disminución del rendimiento físico y académico, problemas sociales y relacionales o endeudamiento”.
"Cuando voy a casa de alguna amiga y veo que van casi en manga corta y tienen 22 grados me parece increíble, algo con lo que no puedo ni soñar"PLAN REGIONAL
En el año 2016 el Gobierno regional puso en marcha el Plan contra la Pobreza Energética, único en el país por las actuaciones que plantea. Más de 5.700 personas de la provincia de Cuenca, de las que cerca de 2.700 son menores de 16 años, se han beneficiado hasta la fecha de esta herramienta, con la que se ha conseguido paralizar siete cortes de suministros y se han llevado a cabo otras siete reposiciones de servicios.
Amelia López explica que el Plan se articula en dos líneas. Por un lado, las ayudas de emergencia, y por otro los acuerdos de paralización de cortes de suministros energéticos.
Las ayudas son un instrumento para apoyar en la cobertura de las necesidades básicas de las familias con las que se está interviniendo desde Servicios Sociales de Atención Primaria de manera preferente. En concreto pretenden contribuir a la protección en el seno familiar, de los miembros más vulnerables: los menores.
Por lo que se dirigen a aquellas familias con hijos que, debido a su precariedad económica, cuentan con severas dificultades para hacer frente a gastos de suministro energético, circunstancia que puede incidir negativamente en el desarrollo de los niños y niñas (pobreza infantil). Se conceden 150 euros por unidad familiar.
Respecto a la segunda línea, se establecen convenios de colaboración con las empresas suministradoras de electricidad y gas que permitan alargar el periodo de pago hasta un plazo de 90 días en el caso de que vayan a producirse o ya se hayan producido impagos, con el objeto de evitar cortes de suministros energéticos durante los meses de invierno.
La Junta mantiene en la actualidad acuerdos con Iberdrola y Gas Natural Fenosa. “En el caso de que se haya contraído una deuda con cualquiera de las empresas suministradoras indicadas, éstas establecen un periodo de tres meses para el pago de la misma, paralizando el corte del suministro hasta que sea abonada la factura pendiente de pago, todo ello previa comunicación de Servicios Sociales. Si ya se hubiera producido un corte de suministro energético, las empresas suministradoras se comprometen a restablecer el mismo en un periodo de 24 horas, estableciendo un periodo de tres meses igualmente para abonar la deuda contraída”, señala la responsable de Bienestar Social, que opina que las eléctricas deberían aumentar las tarifas sociales para llegar a un mayor número de familias. En ambos casos, los requisitos para acceder a las ayudas son que la familia se encuentre atendida por los servicios sociales, que tengan niños menores de 16 años y que se encuentre en situación de pobreza severa.
Desde la Junta abogan también por campañas informativas sobre consumo energético responsable y la mejora de viviendas, algo para lo que también concede ayudas.
ATENCIÓN URGENTE
Cruz Roja Cuenca, aparte de gestionar las ayudas de pobreza energética que dependen del Gobierno regional, administra otro proyecto que de igual forma contribuye a paliar una problemática que están padeciendo cientos de familias en situación de vulnerabilidad social.
Se trata del programa de Atención Urgente a las Necesidades Básicas que, entre otras cosas, incluye gastos de vivienda como luz y gas en la idea de fortalecer las capacidades de las personas que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad o exclusión social. Gracias a este proyecto que se financia en base al IRPF y fondos propios de Cruz Roja, familias de la provincia de Cuenca en situación extrema reciben apoyo económico para asumir el coste de las facturas. Este pago, lo hace directamente la entidad humanitaria a la compañía eléctrica, una vez aprobada la ayuda.
Por otro lado, Cruz Roja colabora con la Asociación de Voluntarios de San Vicente de Paul para cubrir las necesidades esenciales de calefacción y suministro energético de hogares que utilizan gas butano. Esta colaboración, que se financia a un 50 por ciento entre ambas entidades, permite que familias en difícil situación económica accedan a una bombona de butano al mes.
Los fondos propios de la organización internacional proceden, en gran parte de las cuotas de los socios y socias, la venta de lotería, así como de las aportaciones que viene realizando la ciudadanía a través de diversos actos o contribuciones por parte de diferentes administraciones o entidades.
Etiquetas:
pobreza energética
