Las espadas están en todo lo alto en relación al futuro más inmediato del muro de la calle Ramiro de Maeztu de la capital conquense, que se derrumbó el pasado 17 de mayo sobre el patio trasero del bloque de viviendas del número 3 de la calle Astrana Marín. Y es que el Ayuntamiento emitía el pasado 29 de junio un decreto por el que dictaba orden de ejecución de las obras de emergencia y seguridad del muro e incoaba expediente para que fueran los vecinos de la mancomunidad de la calle Astrana Marín números 1, 3 y 5 y de la calle Sánchez Vera números 15 y 17 los que se hicieran cargo de la necesaria reconstrución de dicho muro, que, según los técnicos municipales, conllevaría un desembolso ligeramente superior a los 532.000 euros.
Postura municipal que, sin embargo, no era la definitiva, puesto que se abría un plazo de alegaciones, que concluía esta misma semana y del que hicieron uso los vecinos presentándolas el pasado viernes, 17 de julio. Eso sí, entre tanto, el Ayuntamiento acometía el día 13 del presente mes las obras de urgencia con la demolición parcial controlada del muro con el objeto de dejar la zona asegurada y evitar más desprendimientos, que, por cierto, no habían dejado de producirse en las semanas posteriores al colapso inicial, llegando a afectar no solo al patio del número 3 de Astrana Marín, sino también al del número 5, lo que estaba generando mucha incertidumbre y preocupación entre los vecinos afectados.
La citada orden de ejecución dictada desde la Concejalía de Urbanismo considera, por un lado, que la reconstrucción de dicho muro de contención corresponde a los vecinos basándose en una sentencia de 2016 del Tribunal Contencioso-Administrativo nº 1 de Cuenca relacionada con otro derrumbe de ese mismo muro, pero a la altura del número 7 de Astrana Marín y el número 2 de Ramiro de Maeztu, y, por otro, que la “falta de mantenimiento” está detrás del colapso final del muro.
En este sentido, el informe técnico que adjunta la orden de ejecución del Consistorio apunta que el colapso se ha producido al “no existir impermeabilización y drenaje del trasdosado del muro, lo que causa que las aguas pluviales que se filtran al subsuelo tengan su salida a través del lienzo del muro con el consiguiente lavado de finos y disgregación del mortero de agarre”.
ALEGACIONES
Cuestiones que los vecinos ponen en entredicho en sus alegaciones, en especial, las relativas a la titularidad del muro. Y para ello acuden a la misma sentencia de 2016 del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Cuenca, al igual que el Ayuntamiento, si bien en su caso para llamar la atención de que dicho juzgado deja claro que el muro de contención “está situado en terreno municipal a lo largo de toda su extensión”, al tiempo que citan el fallo de 2018 de la Sala de Apelación de lo Contencioso-Administrativo de Albacete sobre este mismo asunto en el que se dice textualmente que “la titularidad del muro la ostenta el Ayuntamiento de Cuenca, dada la naturaleza del mismo, como muro de contención destinado a evitar perjuicios a los propietarios afectados por el desnivel del terreno...”.
Así las cosas, los vecinos alegan que es, por lo tanto, el Ayuntamiento quien debe de encargarse del mantenimiento de dicho muro y, por consiguiente, le consideran responsable de su reconstrucción, máxime cuando, según remarcan, el propio Consistorio asegura que la causa del derrumbe no es otra que “la inexistencia de una red de evacuación de aguas pluviales en la urbanización de la calle Ramiro de Maeztu que obliga a dichas aguas a circular por la superficie hasta encontrar una vía de evacuación, que, en el caso pertinente, no es otra que el propio muro”. Urbanización de dicha calle del barrio de Los Moralejos acometida en su momento por el Consistorio, tal y como recuerdan los vecinos afectados, para ampliar el viario, crear un aparcamiento y una zona peatonal arbolada, construir una acera y colocar una baranda de hierro, lo que requirió elevar tres metros el muro de contención hasta alcanzar los actuales seis metros de altura “sin contar para nada en absoluto con la comunidad de vecinos afectados”.
En el escrito de alegaciones, los vecinos también detallan las consecuencias del derrumbe del muro que ha afectado tanto a la sala de calderas como al depósito de gasóil, por lo que alertan del problema que puede suponer para la calefacción de estos bloques de cara al otoño, además de insistir en el peligro que conlleva la existencia de dos depósitos de gas licuado soterrados en la acera de la calle Ramiro de Maeztu y varios árboles que se han quedado inclinados con el derrumbe; sin olvidar los posibles problemas en los patios en caso de fuertes lluvias.
Por todo ello, piden al Consistorio no solo la anulación de la orden de ejecución del 29 de junio, sino también que “proceda, a la mayor brevedad posible, a adoptar las medidas y realizar las obras de desescombro y cuantas otras fueran necesarias, para evitar mayores daños a la comunidad y a terceros”.
A la espera quedan, por lo tanto, de la respuesta final del Ayuntamiento con el fin de dar una pronta solución a este problema. Eso sí, cuenta con un plazo de seis meses, según fuentes municipales, si bien desde la Concejalía de Urbanismo se manifiesta la intención de no agotar este periodo.
