La Federación de Enseñanza de CCOO ha enviado un escrito tanto al Ayuntamiento de la capital como a la Dirección Provincial de Educación del Gobierno regional para advertirles de las graves deficiencias detectadas en tres centros educativos de la capital, que a su entender ponen en peligro incluso la vida de los alumnos, exigiendo que, ya sea responsabilidad de una u otra administración, “se entiendan” entre ellas y subsanen los problemas.
La primera deficiencia son unas ramas de gran tamaño detectadas en el colegio de San Julián que CCOO exige que se poden porque podrían caer encima de algún niño o trabajador y golpearle. “En diciembre ya se cayó una rama de un pino de 14 metros, que sigue estando ahí, y trabajadores del centro tuvieron que precintar la zona porque podía caerse otra rama”, advierte David García Serrano.
A ello añaden una puerta de unos cuatro metros de ancho del colegio Ciudad Encantada que se tambalea, y que temen que pueda caerse en caso de avalancha o de que se agudice su deterioro, aplastando a un niño. Advierten además de que se trata de una puerta por la que los niños entran y salen a diario.
Y el tercer caso es el estado de una barandilla del patio del colegio El Carmen, a su entender de un tamaño insuficiente, inferior al metro, para garantizar la seguridad de los alumnos, que considera que corren el riesgo de caerse a un vacío de unos cuatro metros de altura.
¿QUIEN TIENE COMPETENCIA?
Según la normativa, las obras menores, de mantenimiento, son competencia del Ayuntamiento, y las de mayor envergadura, de reparación de desperfectos o sustitución de mobiliario dañado, del Gobierno regional. Pero, independientemente de ello, en CCOO consideran que debe haber un acuerdo entre ambas administraciones para mantener los colegios en buenas condiciones.
“El Ayuntamiento alega que muchos de los desperfectos son responsabilidad de la Consejería, y esta que del Ayuntamiento. En el caso de la caldera del Santa Teresa, que no funciona bien pero funciona, sería responsabilidad del Consistorio. Pero, si no la arreglan, puede reventar y entonces sería responsabilidad de la Junta. Y da la impresión de que el Ayuntamiento espera a que se rompa para que intervenga la Junta. Es la guerra que llevan”, lamenta David García Serrano.
En su escrito, en CCOO advierten de que, “como pase alguna tragedia, ambas administraciones tendrán que responder ante el juez, que será el que determine quién es el responsable”.
OTRAS DEFICIENCIAS
Además, en CCOO son conscientes de otra serie de deficiencias menos graves, pero que también se deberían subsanar como la escasa iluminación del colegio El Carmen, con “bombillas del año catapún”, o un tabique muy bajo, y por tanto peligroso, en medio de los servicios que separa el de niños y el de niñas.
El pavimento de los alrededores del colegio de Santa Ana, “levantado y con conos para evitar caídas”, e incluso el del mismo patio del centro, también preocupa a CCOO, lo mismo que “un muro de contención” del centro que “puede caerse”.
Según García, son unas 90 las deficiencias que antes de que arrancara el curso la Junta de Personal Docente tenía registradas en toda la provincia por las reclamaciones de los directores de los centros, muchas de las cuales seguirían sin subsanarse.
PETICIÓN DEL CONSISTORIO
A través de una nota de prensa, el Ayuntamiento exigía recientemente a la Junta una mayor inversión en los colegios de Primaria, porque aseguraba estar asumiendo “reparaciones muy costosas” en colegios que deberían ser objeto de inversiones por parte de la Consejería. Una inversión que en el caso del pasado 2016 habría ascendido a 777.147,82 euros.
La concejal de Educación, Esther Martínez, puso como ejemplo el colegio Santa Teresa, donde la reparación de una tubería habría supuesto al Consistorio un desembolso de más de 2.000 euros, “hecho que no hubiese ocurrido si se hubieran renovado estas instalaciones”, señala, aunque el mantenimiento es competencia de las administraciones locales.
Hay que recordar que, recientemente, el equipo municipal, con el voto a favor de Ciudadanos, aprobó en pleno demandar a la Junta para exigirle el ciento por ciento de la financiación de los servicios sociales, competencia que sería del Gobierno regional, pero también de los consistorios, que, según la ley de 2013 de racionalización de la Administración Local, tienen que hacerse cargo de “la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”.
