El delegado en Cuenca del sindicato ACAIP (Agrupación de Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias), Carlos Tovar, ha señalado que si el Gobierno central continúa sin atender a las peticiones de los funcionarios de prisiones, "las medidas se endurecerán, con actuaciones más drásticas, siendo un riesgo para todos".
El personal del centro penitenciario conquense, que acumula su sexto día de huelga -el cuarto en este mes de noviembre- ha recalcado la necesidad de que las exigencias de este sector sean atenidas por el Estado, al tiempo que ha criticado las cifras de seguimiento del paro que se dan desde la Secretaría. "La huelga ha tenido un éxito en torno al 95% de seguimiento, mientras que la Secretaría expone datos del 65%. Una cifra que sale de sumar todos los trabajadores, incluidos los que deben realizar servicios mínimos".
Tovar ha explicado que la situación sigue yendo a peor por el silencio y las promesas rotas que han obtenido desde la administración: "Tras no poder tener contacto con el antiguo Gobierno, cuando entró el nuevo hubo muy buenas palabras al principio, pero luego nada", señala el delegado la retirada de la propuesta realizada a últimos de septiembre por no haber tenido el visto bueno de la Función Pública. "Hasta ese momento, los sindicatos estábamos separados, cada uno con unas u otras exigencias, pero ese rechazo lo cambió todo", añade.
En la prisión de Cuenca, la media de edad de los funcionarios de interior, los que están en contacto con los presidiarios, es de 54 años. "Tenemos la misma consideración en el Ministerio del Interior que la Policía o la Guardia Civil, mismo material el cual debemos utilizar con regularidad, pero sin ningún relevo generacional, no se crea oferta de empleo público que rejuvenezca al personal", señala el delegado de ACAIP.
La plantilla de la prisión conquense es de 32 funcionarios, de los cuales la mitad son trabajadores en prácticas, es decir, deben realizar su labor junto a un funcionario de carrera, y el resto de la plantilla está en edades entre 52 y 60 años. Tovar denuncia que son necesarias unas 3.400 plazas en todo el territorio nacional debido a los años en los que no se ha convocado esta oferta de empleo y hace hincapié en la peligrosa situación que se viven en los centros: "Por cada módulo de 100 o 150 internos sólo hay 1 o funcionarios, cuando debería haber 4 o 5, esto provoca que haya entre 2 y 3 agresiones diarias en las prisiones de España”.
Otra de las peticiones que se exige es igualar el salario de estos trabajadores sin importar el centro. “Se cumple un mismo ratio de internados para cada centro, pero la diferencia de sueldo entre un trabajador de una u otra prisión del país puede alcanzar los 600 euros. En el caso de Cuenca, se reciben hasta 200 euros menos que un funcionario de prisiones de la Comunidad de Madrid y entre 500-600 que uno de Cataluña”.
Así, Tovar advierte de que los principales sindicatos se encuentran reunidos con vista a que, si no hay contacto antes de las 14:00 horas de este viernes para sentarse a negociar "esto se va a endurecer, las medidas serán más drásticas. Hay prisiones en las que los compañeros han estado 24 horas seguidas dentro, se están abriendo con directores, subdirectores, administradores, etc. Se está poniendo en riesgo la seguridad tanto de los internos como de los funcionarios que abren las celdas".
El delegado admite que ha habido una reunión de los representantes sindicales nacionales en el Congreso de los Diputados con el socialista Rafael Simancas y Zaida Cantero en la que los políticos han asegurado que "van a intentar mediar, crear una vía de negociación con el Ministerio", a nivel de España, nos hemos reunido con todos los diputados y senadores a nivel provincial, pero va cambiando el Gobierno y donde dije digo, digo diego".
