Las agencias de viajes conquenses han querido gritar este miércoles “¡basta ya!” ante el “abandono” al que aseguran les tiene sometido el Gobierno central en plena crisis de la COVID-19. Y lo han hecho respondiendo al llamamiento a nivel nacional de la recién creada Plataforma por los Derechos de las Agencias de Viajes (PDAV) de concentrarse este mediodía frente a la Subdelegación del Gobierno para reclamar ser escuchados.
Más de una decena de representantes de distintas agencias de viajes, tanto de la capital como de la provincia como Viajes Syracusa Tours, Ilusionarte Viajes, Viajes Ecuador, Fematur viajes o Nautalia Viajes, han acudido a esta cita, en la que han hecho entrega en la Subdelegación del Gobierno de un manifiesto con sus principales reivindicaciones con el fin de “dejar de ser los grandes olvidados de esta crisis”, han asegurado.
Las agencias de viajes, según ha manifestado, han quedado en segundo plano en esta crisis sanitaria y económica, en favor de los grandes grupos turísticos y “dejando desprotegidos a autónomos y pequeñas y medianas empresas, y expuestos a un gran número de trabajadores que pueden perder su trabajo”. En este sentido, recuerdan que este sector aglutina en nuestro país a más de 9.500 pequeñas agencias, autónomos y pymes con más de 65.000 empleos.
Es por ello que reivindican al Gobierno de España soluciones que “les permita reabrir nuestros negocios”, ya que consideran que “las medidas aprobadas hasta ahora, junto al desconcierto general de movilidad, han sido precipitadas y en ningún momento se ha tenido en cuenta la opinión y experiencia del sector ni se han llegado a acuerdos con los agentes sociales del mismo”. En opinión de este colectivo, es de vital importancia "reconsiderar algunos puntos clave y que esta crisis no arrastre a la ruina a todo un sector”, insisten.
Las agencias de viajes, en consecuencia, reivindican al Gobierno central, entre otras cuestiones, seguridad jurídica para sus clientes a la hora de hacer reservas, una normativa clara de las cancelaciones por la COVID-19, la prolongación tanto de los ceses de actividad hasta, como mínimo, diciembre de este año, como de los ERTEs hasta que la actividad del sector sea la misma que antes de la crisis sanitaria, una política clara de reembolsos y bonos para dar seguridad jurídica a los clientes y facilitar a su vez la pervivencia de los negocios, la certificación de los destinos nacionales como destinos seguros y la revisión urgente de los contratos de viajes combinados.
Una batería de medidas que, desde este colectivo, se antojan fundamentales para afrontar esta situación tan delicada, que, de no atajarse a tiempo, puede llevar a la ruina a muchas pequeñas agencias, autónomos y pymes del sector.
