Diputación anula la partida de 13 millones para inversiones por "no ajustarse a derecho"

Cumplir con la legalidad. Esa es la premisa que ha llevado a la Diputación provincial de Cuenca ha dejar sin efecto la aprobación inicial del expediente de modificación de crédito para la puesta en marcha de un paquete de inversiones por valor de 13,2 millones de euros que, con cargo al remanente del ejercicio 2018, el PP aprobó en solitario al final de la pasada legislatura cuando el equipo de Prieto estaba en funciones.

No se trata de los proyectos para el medio centenar de actuaciones contempladas en castillos, murallas, conventos, puentes, palacios, antiguas estaciones de Renfe, caminos, accesos turístico o carreteras, entre otros, que tendrán que revisarse, eso sí, “sino la forma en la que se aprobaron”, enfatizaba este miércoles el presidente de la Institución provincial, Álvaro Martínez Chana, en la sesión plenaria a la que acudían numerosos ediles de la provincia.

El 29 de mayo, fecha en la que se aprobó iniciar el expediente de modificación de créditos, el PP había perdido las elecciones, y en este sentido “la normativa es clara”, destacaba el diputado socialista, Joaquín González Mena, quien, además de hacer referencia a la numerosa jurisprudencia existente al respecto, señalaba que el acuerdo 385/1995 de la Junta Electoral Central no deja lugar a dudas al determinar que “el mandato de los diputados provinciales finaliza cuando termina su mandato como concejales", situación en la que se encontraba el equipo de Prieto en esos momentos.

EQUIPO EN FUNCIONES

De esta forma, Mena incidía en que, según la normativa legal un gobierno en funciones solo estaría legitimado para la gestión ordinaria que requiere el funcionamiento de la institución. Acordar, como es en este caso, una modificación extraordinaria que supone un incremento del 17% del presupuesto "no lo es" . Y tampoco, dijo, tiene cabida dentro de las posibles excepcionalidades que en estos casos contempla la Ley de Haciendas Locales para situaciones de urgencia.

Por todo ello, se propuso al pleno estimar las alegaciones al expediente y anular la modificación de créditos nº 10 al presupuesto de 2019 "por no ajustarse a derecho".

Desde la bancada popular han criticado con dureza la decisión, puesto que mantienen que, independientemente del momento en el que se adoptara, se trata de un plan que llevaba mucho tiempo gestándose. Defienden que si no se contempló en los presupuestos aprobados tan solo tres meses antes de la modificación de créditos es porque aún no se había aprobado la liquidación del remanente del ejercicio de 2018 que se haría cargo de la financiación. Y defienden que el proceso cumple “con todos los requisitos legales” puesto que "todos los informer eran favorables".

A pesar de que desde la bancada socialista reiteraron en numerosas ocasiones que lo que se ponía sobre la mesa no era el fondo sino la forma, desde el PP insistían en lo “desafortunado” de “no respetar las inversiones comprometidas”. En este punto, la portavoz popular Clara Plaza, llegó a calificar al diputado socialista, Miguel Ángel Valero, de “falso icono del patrimonio de la provincia” por no defenderlas ante su grupo, despues de que como “reputado arqueólogo ha trabajado en los castillos de Beteta o Saelices".

Plaza incidió en la importancia para el desarrollo de la provincia que tienen estas inversiones que según dijo no obedecen a criterios políticos. “Solo se pensó en fortalecer la provincia. Las inversiones se hacen pensando en las empresas que son las que generan empleo, que es lo que hace falta”.

EL ZASCA DE ALBETOSA

Una preocupación, la del empleo, que para el diputado de Cuenca Nos Une, José Ignacio Albentosa, “no deja de sorprender” y así se lo trasladó a la portavoz popular en el pleno. Y es que señaló que la reiterada defensa que se hace de esta condición “no deja de ser contradictoria, cuando la Diputación de Cuenca se negó a sumarse al Plan para la promoción del Empleo del Gobierno regional”. Con todo, Albentosa dijo no dudar de “la bondad, maldad o las buenas intenciones con la que se aprobó el acuerdo el 29 de mayo".

Eso sí, lo que tiene claro es que es nulo de pleno derecho porque “después de unas elecciones no se puede hacer una modificación de créditos con una cantidad tan elevada. El acuerdo es inválido a todos los efectos”, sentenció, al tiempo que apuntaba no dudar de que el equipo de Martínez Chana “no tiene intención de cargarse estos proyectos sino de revisarlos y estudiarlos”.

De hecho, el presidente de la Diputación dijo en el pleno que muchos de los proyectos contemplados se llevarán a cabo y así se lo ha comunicado ya a algunos de los alcaldes con los que se ha reunido.

“Aquí no estamos juzgando los proyectos, sino la legalidad de un acto que queda desechado”, enfatizaba el presidente de la Institución provincial, quien tras el amplio debate generado en este punto recordaba al PP que han tenido mucho tiempo, “tanto como ocho años para sacar adelante estos mismo proyectos que hoy dicen que queremos eliminar”.

“Si ese pleno se hubiera celebrado una semana antes hoy no estaríamos aquí, estaríamos trabajando desde el primer minuto para llevarlos a cabo, como estamos haciendo con todos los proyectos que han desarrollado dentro de la legalidad en los últimos tiempos”, apostillaba Chana.

Respecto a la inversión de los 13 millones de euros del remanente de 2018, invitó al PP a sentarse con el equipo de Gobierno para llevar a cabo los los proyectos previstas, "siempre que sean reales", ya que según dijo “nos hemos encontrado con expedientes vacíos y cifras puestas a dedo”.

Que su ejecución repercuta en la sociedad, sobre todo en temas patrimoniales, “donde vamos a invertir mucho”, y que atiendan necesidades imperiosas de la provincia como, por ejemplo, la construcción de nuevos parques de bomberos, son cuestiones “irrenunciables” para el equipo de Gobierno de la Diputación en el reparto de inversiones que como premisa fundamental tendrán la dinamización de la provincia, la generación de empleo y, sobre todo, la seguridad.